El Estado debe otorgar pensiones de gracia a los familiares de las personas fallecidas en los incendios forestales, por su responsabilidad en las muertes, señala el columnista Ernesto Yáñez.
Por Ernesto Yáñez.- “El Estado está al servicio de la persona humana”, dice la Constitución Política de la República de Chile, y en el artículo 19 asegura a todos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Además, indica que es deber del Estado la “búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo”.
Sin lugar a dudas, ninguno de los preceptos constitucionales señalados en la Constitución los cumplió el Estado en los incendios registrados en la Quinta Región, teniendo un saldo muertes y pérdidas materiales incalculables y que todos lamentamos.
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Lo ocurrido en la Región de Valparaíso deja al descubierto la debilidad de los organismos del Estado y su responsabilidad en materia de prevención de incendios forestales. Pedro Contreras, Coordinador Nacional del proyecto de prevención de incendios de CONAF, en una entrevista a LUN, reconoce que “el trabajo de prevención forma parte de un plan muy nuevo y a nivel país solo está presente en siete comunas de las regiones de Ñuble y Valparaíso”. En esta última existen 38 comunas. Es decir, el trabajo de CONAF en prevención no alcanza al 1% de las 345 comunas de nuestro país.
Ante lo expuesto, cabe preguntarse:
¿Cómo actuaron los demás organismos antes de la tragedia?
¿Se instalaron estanques con reservas de agua para abastecer los camiones aljibes y carros de bomberos en los cerros?
¿Cuántos programas de desmalezamiento se hicieron alrededor de los conjuntos habitacionales?
¿Cuántas jornadas de extracción de basura desde las quebradas se realizaron?
¿Hubo algún sistema de comunicaciones alternativo, previendo que la señal telefónica se cayó producto de la destrucción de antenas por el fuego?
¿Por qué no se usaron drones de vigilancia, teniendo presente que más del 90% de los incendios forestales en nuestro son intencionales?
Todo lo anterior nos da un cuadro de abandono de parte de los diferentes organismos estatales, donde el esfuerzo de muchos años de trabajo de miles chilenos se redujo a cenizas y polvo, y donde el Estado aparece con medidas paternalistas que en nada remedian el dolor por la pérdida de vidas humanas y materiales.
