Por Claudio Masson.- Hind Rajab dejó de ser un número o una estadística. Hind tenía cinco años cuando fue asesinada en enero de 2024, tenía una voz, una madre y por sobre todo mucho miedo. Quedó atrapada dentro de un automóvil, rodeada por los cuerpos de sus familiares, vio morir cruelmente a su prima Layan, de 15 años, mientras pedía ayuda por teléfono. La ambulancia enviada a rescatarla tampoco regresó: sus dos paramédicos fueron encontrados muertos, 12 días después. Una investigación forense independiente mapeó 335 agujeros de bala en el vehículo. En la grabación de los momentos finales de Layan, Earshot identificó 64 disparos en apenas seis segundos y, a partir de 12 señales acústicas distinguibles, estimó que el tirador se encontraba a entre 13 y 23 metros. Al combinar este análisis con las trayectorias de los impactos, Forensic Architecture concluyó que quien disparó habría tenido una visión clara del automóvil y de sus ocupantes: civiles y niños.
Por lo tanto, hablo de Hind Rajab en particular porque las grandes cifras terminan anestesiándonos, y las cifras de Gaza son enormes. El Ministerio de Salud de Gaza reportó al menos 72.063 muertos hasta febrero de 2026. Un estudio de mortalidad independiente publicado en The Lancet Global Health (Spagat et al., 2026) estimó 75.200 muertes violentas solo entre octubre de 2023 y enero de 2025 —un alto funcionario militar israelí, bajo condición de anonimato, estimó posteriormente una cifra cercana a 70.000—, de las cuales 42.200, el 56,2%, eran mujeres, niños y adultos mayores. UNICEF informó al menos 21.289 niños muertos; ONU Mujeres estimó más de 38.000 mujeres y niñas. Miles de niños muertos pueden parecer una abstracción; una niña diciendo que tiene miedo atraviesa esa defensa. Nos obliga a recordar que cada número fue una vida completa y que, para alguna familia, era el centro del mundo.
También hablo porque el silencio favorece al responsable. Cuando una víctima no tiene nombre, resulta más fácil llamarla «daño colateral». Cuando conocemos su voz, su edad y las circunstancias de su muerte, ese lenguaje muestra su infinita obscenidad. Hind no era combatiente, no representaba una amenaza y no podía ser responsabilizada por el 7 de octubre ni por ningún otro crimen. Era una niña que intentaba escapar de la guerra y luego necesitaba ser rescatada.
En otros casos igualmente terribles, en junio de 2024, en Jenín, Cisjordania, el ejército israelí ató a un jeep militar a Mujahed Azmi, un palestino herido durante una redada, y lo trasladó así por la ciudad mientras su familia pedía en vano una ambulancia. La relatora especial de la ONU Francesca Albanese lo calificó de «escudo humano en acción», un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario, y el propio ejército israelí admitió que la conducta «no se ajusta a sus valores». No fue un caso aislado: ese mismo mes, en la misma zona, otros dos hombres, Samir Dabaya y Hesham Isleit, sufrieron el mismo trato sin que existiera investigación pública conocida. Un análisis de Action on Armed Violence encontró que el 88% de las investigaciones militares israelíes sobre denuncias de abusos en Gaza quedaron estancadas o cerradas sin resultados.
También hablo de Mariam Dagga, fotoperiodista palestina de 33 años, asesinada el 25 de agosto de 2025 junto a otros colegas en un doble bombardeo israelí al Hospital Nasser, en Khan Younis —un segundo ataque lanzado cuando ya habían llegado rescatistas y periodistas al lugar del primero—. Días antes, había publicado junto a Lee Keath, de la Associated Press, su última crónica conjunta, documentando la desnutrición infantil en los hospitales de Gaza.
Y también hablo de Amina —o Amna— al-Mufti, una niña palestina de aproximadamente diez años, asesinada el 21 de diciembre de 2024 cerca del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza. Había salido a buscar agua para su familia con un recipiente vacío cuando fue alcanzada por un misil atribuido a un dron israelí. Su muerte solo salió a la luz meses después, cuando Al Jazeera obtuvo y difundió el video en agosto de 2025. No aconsejo verlo.
Y hablo, porque no se puede callar ni obviar, lo que dijo en agosto de 2026 Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel: que en Gaza hay gente que ni siquiera son personas y que deberían eliminarse entre 30 y 40 cada noche. No fue un exabrupto aislado, sino la continuación pública de una propuesta de «migración masiva» para colonizar Gaza con asentamientos, lo que distintos organismos internacionales han calificado como limpieza étnica. Declaraciones como esta, de él y de otros funcionarios israelíes, fueron presentadas ante la Corte Internacional de Justicia como evidencia de intención genocida. Cuando un funcionario público deshumaniza así a millones de personas y pide matarlas por goteo cada noche, no está sosteniendo una polémica: está describiendo, en voz alta, el mecanismo mental que hace posible que ocurran cada uno de los casos como Hind Rajab, Mariam Dagga y cada niño acribillado. Y sigue en su cargo.
Hablar de ella no significa justificar a Hamás ni desconocer el sufrimiento de las víctimas israelíes. Significa rechazar una contabilidad moral donde unas vidas importan y otras se sacrifican. Condenar el asesinato de civiles israelíes y el exterminio de civiles palestinos no es una contradicción: es la mínima coherencia exigible.
Su historia nos obliga a enfrentar nuestra indiferencia. Gaza está lejos; sus habitantes no hablan nuestro idioma ni llevan nuestros apellidos. Podemos cerrar la noticia y seguir el día. Pero la distancia no modifica el valor de una vida. Hind sentía el mismo miedo que sentiría cualquiera de nuestros hijos, abandonado dentro de ese auto.
Ese mismo miedo que debe haber sentido, un tiempo después y a miles de kilómetros, un niño chileno de 12 años, Alejandro Águila, arrastrado varios kilómetros por asaltantes que huían en el auto de su familia durante una encerrona en San Bernardo. No hay ninguna relación causal ni política entre ambas muertes —una ocurrió en guerra, la otra en un delito común—, pero hay algo que las iguala por completo: ningún niño merece morir sintiendo ese terror, y la distancia entre Gaza y Chile no cambia nada de lo que cada uno sintió antes de morir. Y me atrevo a preguntarle: ¿qué siente usted después de leer esto?
Hablar de Hind tampoco exige odiar a un pueblo. La responsabilidad recae sobre quienes ordenaron, ejecutaron, permitieron y encubrieron lo ocurrido: el Estado de Israel y quienes lo conducen, no sobre cada israelí ni cada judío. Extender la culpa colectivamente adoptaría la misma lógica de deshumanización que hizo posible su muerte.
Hind pone a prueba lo que decimos creer. Los derechos humanos no sirven si solo protegen a quienes se parecen a nosotros o pertenecen al bando que consideramos correcto. Su verdadero significado aparece cuando defendemos la vida de alguien lejano, desconocido y políticamente incómodo.
Hablar de Hind Rajab es impedir que sea asesinada por segunda vez mediante el olvido. Es exigir investigación independiente y responsabilidades penales. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional encontró motivos razonables para creer que Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant podían ser responsables del crimen de guerra de usar el hambre como método de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Las órdenes de arresto continúan vigentes: una decisión de apelación de diciembre de 2025 rechazó otra impugnación israelí, sin constituir una sentencia definitiva sobre los hechos. Es también exigir garantías de que ningún ejército pueda matar a una niña, impedir su rescate y esconderse detrás de explicaciones insuficientes.
No hablo de Hind porque su vida valiera más que las demás. Hablo de ella porque su voz consiguió representar a miles que murieron sin una llamada grabada, sin una cámara, sin alguien que pronunciara sus nombres. Hablo por su prima, Layan, de 15 años, que murió en medio de una ráfaga de ametralladora, en medio de 64 tiros que la exterminaron sin compasión. Tampoco aconsejo escuchar esa grabación porque siembra un odio que es difícil de digerir y yo no quisiera sentir.
Si el mundo solo reconoce a una víctima cuando se parece a sus propios hijos, no es Hind quien necesita otra explicación. Es el mundo el que necesita una nueva conciencia.
Mientras, aquí, en Chile, el embajador de Israel, Peleg Lewi, ha llamado «organización radical» a la Comunidad Palestina, una comunidad con más de un siglo de historia en nuestro país. También ha cuestionado cifras de muertos respaldadas por Naciones Unidas y por investigaciones científicas revisadas por pares. Tiene derecho a defender al Gobierno que representa, es posible; pero lo que no podemos aceptar es que venga a Chile a sembrar odio contra una comunidad chilena y a convertir la desinformación en diplomacia. ¿Qué clase de país seríamos si calláramos mientras un embajador extranjero pretende decidir qué víctimas merecen ser creídas?
Bibliografía
Nota: el estudio de Spagat et al. fue publicado en The Lancet Global Health en 2026 y recibió una corrección editorial en mayo del mismo año. DellaPergola y Zlochin publicaron posteriormente una correspondencia crítica que cuestiona la representatividad de la muestra; los autores respondieron en la misma revista. La controversia metodológica obliga a presentar la estimación con su período e intervalo de confianza, no a tratarla como un recuento definitivo. La estimación de aproximadamente 71.000 muertes atribuida a un alto funcionario militar israelí corresponde a enero de 2026 y no al mismo corte temporal del estudio.
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