Por Juan Medina.- La Declaración de los Derechos del Hombre, obra de la Revolución Francesa, al señalar que todos los hombres nacieron libres e iguales, marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad relativo al derecho de ciudadanía. Justo es recordar que, hasta ese momento, el hombre era considerado vasallo de un rey o emperador.
En nuestro país el concepto ciudadano nace con el movimiento independentista.
El Catecismo de los patriotas escrito por Camilo Henríquez en 1813 y publicado en el Monitor Araucano, dice: “La libertad civil consiste en que la ley sea igual para todos, en que todos sean iguales delante de la ley, y sólo sean superiores de los ciudadanos los que han sido elegidos para mandarlos por la elección libre de los mismos ciudadanos, o de sus representantes libremente nombrados por ellos. Donde hay libertad civil, todos están igualmente sujetos al Gobierno; y el Gobierno está sujeto a la ley. La libertad civil es la observancia de los derechos del ciudadano. La libertad nacional es la observancia de los derechos del hombre”.
Hoy el concepto ciudadano ha cobrado renovado interés. Así lo experimentamos en las recientes elecciones presidenciales, cuando las diversas fuerzas políticas nos alentaban a ejercer nuestro derecho ciudadano de votar, es decir, de elegir. Pero esto es solo una parte de lo que hoy se entiende por ciudadanía. Juan Carlos Velasco, en su ensayo “La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural” señala: “Ciudadanía es una categoría multidimensional que simultáneamente puede fungir como concepto legal, ideal político igualitario y referencia normativa para las lealtades colectivas. Implica en principio una relación de pertenencia con una determinada politeia (o comunidad política), una relación asegurada en términos jurídicos, pero también denota una forma de participación activa en los asuntos públicos. Por un lado, supone una condición de status y, por otro define una práctica política”.
En nuestro país, la multiculturalidad, la multietnicidad, provocada especialmente por la inmigración, modifican el espacio de nuestra sociedad y representan transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas de enorme impacto en el concepto de ciudadanía, porque ello implica enfocar la pertenencia y la lealtad política. Desde este punto de vista podemos decir, entonces, que el concepto ciudadanía no es un principio universalista, sino un constitutivo propio de cada comunidad política.
Sin lugar a dudas que el proceso constituyente que redacta nuestra carta magna del siglo XXI, reconoce que la definición de los conceptos de ciudadanía, junto a patria, pueblo libre, soberanía y república, es la base de la relación del individuo con el estado porque ellos establecen los derechos universales de igualdad, propiciando una convivencia respetuosa de la diversidad.