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¿Qué sería de un país sin profesores?

Por Beatriz Areyuna y Alvaro Ramis.- La admisión a las carreras de pedagogía de este año muestra un alarmante descenso en las matrículas y, por lo tanto, del ingreso a la formación inicial docente. Esta situación viene a empeorar el déficit de profesores/as, que actualmente alcanza un 7% a nivel parvulario y un 11% a nivel escolar. La proyección de estas cifras al año 2025, según estudio de “Elige Educar”, se triplicaría a nivel parvulario y duplicaría en la Educación Escolar. Sin embargo, la tendencia en los últimos dos años en el ingreso a la formación inicial docente, la que ha caído prácticamente a la mitad, deja a esa proyección muy por debajo de lo que podría llegar a ocurrir de mantenerse la actual política de desarrollo docente.

La promesa de una educación como derecho y de calidad para todas y todos requiere de profesoras y profesores que la sostengan, porque son el elemento clave de la implementación curricular. El déficit de profesores/as no es sólo un problema de números, sino que pone en entredicho las posibilidades de acceso, equidad y calidad educativa. Según los datos actuales, son las regiones, las zonas aisladas y las áreas de especialidad en enseñanza media, las que están mostrando el mayor déficit de docentes, reflejo de las desigualdades y brechas estructurales de la sociedad chilena. Dicho de otro modo, el déficit de docentes en Chile está afectando a los sectores más desprotegidos, con una proyección y efectos catastróficos para cualquier mirada integral de desarrollo país.

El año 2016 se aprobó en Chile el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (más conocido como Ley de Carrera Docente), que se constituyó en la principal política pública de promoción y desarrollo de la docencia. La Ley no estuvo exenta de polémica y resistencia de los actores educativos; así como de promesas de revalorización de la profesión, en un contexto de profundo desmedro del trabajo docente como resultado de la municipalización y el abandono del sector público, la desregulación laboral y la mercantilización del sistema escolar.

La aprobación de la Ley fue entendida como un triunfo para el programa de gobierno de Michelle Bachelet, y como una cambio trascendental en el trato a los y las docentes. Sin embargo, tuvo varios problemas en su discusión y formulación: la ya conocida baja participación y/o escucha de los y las profesoras, el aseguramiento presupuestario, y sobre todo, un diagnóstico que se articuló en la base de la sospecha sobre el rol docente y la responsabilización de este actor sobre los bajos resultados obtenidos en pruebas estandarizadas nacionales en internacionales.

Las buenas intenciones sobre la promoción de la carrera docente y la valorización simbólica y material de la profesión quedaron subsumidas en un conjunto de mecanismos de evaluación y encasillamiento de los/las docentes. Las evaluaciones fueron concebidas como procesos individuales, lo que desnaturaliza el trabajo pedagógico que siempre es colaborativo, contextualizado y situado.

Poner en los hombros de maestras y maestras los bajos resultados y las enormes brechas de calidad de la educación chilena, sólo se puede comprender en un país cuya dirigencia política no lograba ver las razones estructurales de la crisis. En el contexto de la discusión de la ley, se tuvieron a la vista ejemplos modelantes como Singapur y Finlandia, sin embargo, las condiciones estructurales del ejercicio del trabajo docente en esas sociedades no fue imitada: alta valoración social de la profesión, salarios que están en la cúspide del mercado laboral, condiciones de trabajo y perfeccionamiento docente que implican una distribución adecuada entre horas de aula y horas de preparación de la enseñanza, infraestructuras adecuadas, amplios horarios de deporte y recreación e integración social, como variable determinante en calidad con equidad educativa. Se trata de sociedades más democráticas e integradas socialmente, un factor que post “18 de octubre” nunca más puede estar ausente en los análisis de política pública.

En el nivel de la formación inicial docente se tomó un conjunto de medidas para el acceso a las carreras de pedagogía, tendiente a elitizar la profesión, atrayendo a “los mejores”, vía puntaje y /o ranking, apelando a un principio de meritocracia, que hoy tanto el mundo intelectual como los actores sociales cuestionan. En la práctica, la ley impuso barreras de ingreso a la profesión y agregó evaluaciones al inicio y final de su ciclo formativo, para asegurarle a la sociedad que ese profesor o profesora es un profesional de calidad. Esto, sumado a la estandarización de la formación y de los modelos de acreditación obligatoria para carreras de pedagogía, hacen que hoy el ingreso a cualquier carrera profesional (excepto medicina), podría ser más accesible que a las pedagogías, según las actuales reglas.

La idea de atraer a los mejores a la profesión sin incorporar incentivos robustos, junto con los excesivos mecanismos de evaluación y estandarización de la formación, ha significado un déficit alarmante en el ingreso de las pedagogías y la educación parvularia. Dicho ingreso ha experimentado una caída prácticamente a la mitad de la matrícula de estudiantes de primer año en los últimos dos años; y un déficit proyectado de profesionales de un treinta por ciento, lo que podría experimentar un alza sistemática de no mediar una política pública de rescate.

Esta realidad explica que en diversas encuestas las y los docentes perciban que su valoración social es inferior a la que les da la sociedad. En un estudio de la UC de 2018, la profesión docente obtuvo 33 puntos de valoración pública sobre un total de 100. Sin embargo, profesoras y profesores consideraron que su valoración era sólo de 19 puntos. Esta disonancia sólo se puede explicar por factores propios en el actual ejecicio profesional, como las condiciones laborales y salariales, y la sospecha e incluso el maltrato de una parte importante de la dirigencia política y la propia autoridad ministerial y municipal hacia los y las docentes. Este contexto es el que empeora las cosas y muestra especularmente a nuestros/as jóvenes como serán tratados en el futuro. Los dichos del Ministro de Economía sobre “la flojera docente” son una muestra bien clara del desconocimiento profundo de la elite sobre las condiciones y complejidades del trabajo docente, así como del rol que juegan día a día.

Hoy, ad-portas de un proceso constitucional, y a casi cinco años de la ejecución de la Ley, es urgente revisarla identificando los importantes avances que significó y al mismo tiempo, dándonos de una vez por todas una oportunidad como país de poner a la educación como motor de su desarrollo.

Beatriz Areyuna es Decana de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Álvaro Ramis, rector de la misma casa de estudios.

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