Presentada como una apuesta por el crecimiento, la reforma tributaria del Ejecutivo abre interrogantes técnicas y políticas que su propio informe oficial no logra despejar. Una revisión de sus supuestos muestra un diseño cuyos beneficios se concentran en los deciles altos, mientras sus costos fiscales y distributivos recaen sobre la clase media.
Por Gerardo Aceituno y Rafael Urriola.- El Ejecutivo ha presentado su proyecto misceláneo como un programa de reactivación económica. Sin embargo, los datos, leídos con cuidado, parecen indicar otra cosa: los beneficios se concentran en el 30 % más rico, mientras que el costo recae sobre los hogares medios.
Las cinco medidas en juego —resumidas en la Tabla 1— combinan instrumentos con efectos distributivos directos: la reducción del Impuesto de Primera Categoría (CIT) de 27 % a 23 %, la racionalización de permisos (permisología), la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, la integración tributaria total y el Crédito Tributario al Empleo (CTE).
El Ministerio de Hacienda, en su Informe de Impacto Regulatorio (IRR), proyecta que estas medidas elevarán el PIB en 2036 en +8,6 % respecto del nivel sin reforma, equivalente a 0,86 puntos porcentuales adicionales por año en promedio. Pero cabe preguntarse: ¿qué tan robusta es esa promesa?
El primer problema es que esta proyección depende de un único parámetro. Descansa sobre una elasticidad del PIB respecto de la carga tributaria fijada en 0,65, basada en la Comisión Marfán de 2013. Sin embargo, la evidencia empírica chilena posterior —como los trabajos de Cerda y Larraín (2014) y estudios del CEP (2019)— sugiere bandas más amplias:
- Con una elasticidad baja (0,40), el efecto final cae a +5,3 %.
- En un escenario optimista (0,80), el impacto sobre el PIB sube a +10,6 %.
La diferencia entre ambos extremos equivale aproximadamente al gasto público anual en educación. Una reforma estructural difícilmente puede sostenerse sobre un único parámetro discutible.
El segundo problema es que el +8,6 % es una cifra bruta. El IRR no descuenta el costo fiscal directo del paquete, estimado por un grupo de exasesores de Hacienda en US$ 4.400 millones anuales, alrededor de 1,4 % del PIB (Frigolett, González, Fontaine, Ezpeleta y Jorquera; Diario Financiero, 22/04/2026).
Tampoco descuenta los efectos regresivos del Eje 4, que elimina la franquicia SENCE y suspende por dos años la gratuidad universitaria, recortes que afectan principalmente a los deciles medios.
Más relevante aún: el IRR no modela la respuesta endógena de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central, ni los efectos sobre precios y tipo de cambio que necesariamente produciría un paquete equivalente al 5 % del PIB en un solo año. Estos silencios resultan tan informativos como sus cifras.
El tercer problema —y probablemente el más político— es la concentración.
Cuando se cruza la proyección oficial con una microsimulación basada en datos de la CASEN 2024 (218.367 hogares, Ministerio de Desarrollo Social y Familia), el cuadro distributivo resulta inequívoco: el 30 % de los hogares más ricos (deciles 8 al 10) captura el 46 % del aporte directo al PIB de la reforma.
La reducción del CIT entrega 53 % de su beneficio a ese segmento; la integración tributaria total, cerca del 75 %.
Solo el CTE muestra una distribución relativamente equilibrada, aunque aporta apenas 0,8 puntos porcentuales del total.
El detalle del CIT por decil resulta particularmente revelador:
- El decil 10 captura 0,80 pp (aproximadamente 31 % del aporte total).
- El decil 1, correspondiente a los hogares de menores ingresos, percibe solo 0,037 pp (cerca de 1,4 % del total).
La razón entre ambos extremos (D10/D1) es de 21,6 veces, lo que convierte al CIT en el instrumento más regresivo del paquete.
Nota: Los diez valores suman aproximadamente 2,1 puntos porcentuales, equivalentes al 80 % del +2,6 pp total capturado directamente por los dueños del capital. El 20 % restante se transfiere a salarios y precios bajo el supuesto estándar de incidencia tributaria, por lo que no se asigna por decil.
Conviene anticipar el contraargumento.
Los defensores de la reforma sostendrán —con razón parcial— que una parte del beneficio capturado por el decil superior se traducirá, en segunda vuelta, en mayor inversión, empleo y salarios para los deciles inferiores.
La objeción es válida.
Pero el IRR no estima esa segunda vuelta: la elasticidad de Marfán la sintetiza en un único número agregado, mezclando efectos de primera y segunda ronda sin descomposición analítica.
Cuantificar el efecto progresivo realmente generado por la inversión exige un modelo de equilibrio general con agentes heterogéneos, no una multiplicación contable del costo tributario por un parámetro fijo. Ese debería ser el siguiente paso del debate técnico, aunque exceda el espacio de esta columna.
Lo que aquí se muestra constituye el piso, no el techo, del análisis.
Multiplicar costo tributario por elasticidad y proyectarlo a diez años reproduce exactamente el mismo registro estático y contable del IRR oficial.
Una evaluación rigurosa de esta ley debe incorporar además:
- dinámica de transición;
- expectativas y credibilidad de la reforma;
- efectos inflacionarios;
- trayectoria probable de la TPM;
- impactos de segunda vuelta sobre empleo y salarios.
La conversación parlamentaria merece ese nivel de profundidad.
Por ahora, lo disponible basta para una conclusión preliminar: el paquete no se autofinancia, no es distributivamente neutro y su magnitud agregada depende de un parámetro cuya solidez dista de estar asegurada, incluso bajo la propia evidencia empírica chilena.
Gerardo Aceituno (GAP-Team) – Rafael Urriola (APROB)
