Por Michael Silva.- Chile, con su diversa geografía y condiciones climáticas, presenta un escenario complejo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. En particular, las zonas afectadas por socavones y áreas costeras vulnerables a inundaciones debido al aumento del nivel del mar representan desafíos significativos.
La creación de proyectos inmobiliarios en estas áreas no sólo pone en riesgo la viabilidad económica de los desarrollos, sino que también tiene implicancias profundas para las comunidades y la calidad de vida de las personas.
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Las comunidades que residen en áreas propensas a socavones y cerca de la costa están constantemente expuestas a la incertidumbre y el peligro. Los socavones, causados por la erosión del suelo y la actividad humana, pueden surgir de manera inesperada, generando desplazamientos forzados y pérdida de viviendas.
De manera similar, las inundaciones en áreas costeras, exacerbadas por el cambio climático y el aumento del nivel del mar, pueden devastar comunidades enteras, destruyendo infraestructuras esenciales y recursos vitales.
Desde una perspectiva económica, los proyectos inmobiliarios en estas áreas enfrentan un riesgo financiero considerable.
Las reparaciones y el mantenimiento necesarios para asegurar las estructuras contra socavones e inundaciones son costosos y pueden reducir significativamente las ganancias esperadas.
Además, los costos de seguros para propiedades en estas zonas son más altos, lo que aumenta aún más los gastos operativos.
El atractivo de estas áreas para los potenciales compradores o arrendatarios también disminuye debido a los riesgos asociados, lo que puede resultar en una menor demanda y, por ende, en una depreciación del valor de las propiedades. La percepción de inseguridad puede desalentar a los inversores y dificultar la comercialización de los proyectos.
Para abordar estos desafíos, es crucial que los desarrolladores inmobiliarios adopten enfoques sostenibles y resilientes. La planificación urbana debe incorporar evaluaciones de riesgo detalladas y el uso de tecnologías avanzadas para mitigar los efectos de los desastres naturales. Las normativas estrictas y las políticas de zonificación pueden ayudar a limitar la construcción en áreas de alto riesgo.
Además, es esencial involucrar a las comunidades en el proceso de planificación y desarrollo, asegurando que sus preocupaciones y necesidades sean consideradas. La construcción de infraestructuras resilientes y la implementación de sistemas de alerta temprana pueden mejorar la capacidad de las comunidades para responder a los desastres.
Michael Silva, académico de la Facultad de Ingeniería, U.Central
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