Por Hugo Cox.- En diversos artículos he planteado la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social. Hoy creo que es más necesario que antes y adquiere el carácter de “ocupación inmediata”.
Los acontecimientos que se han sucedido en el país ameritan necesariamente abordar el tema (violencia, ira, enfermedades mentales, etc.).
Nos encontramos con un anquilosamiento de la política nacional y de sus estructuras, que han implicado varios costos, uno de ellos es la crisis de las instituciones, que se ve más agravada cuando un poder del Estado puede denostar otro (Poder Ejecutivo levanta su encono contra el Poder Judicial). El modelo de desarrollo nacido en dictadura y global no da cuenta de lo que una parte importante de la sociedad aspira y debemos entender que este modelo no solo es económico, sino también una concepción de sociedad mediatizada por el mercado. Todo lo anterior se traduce en una distorsión de la política nacional, no existiendo una correspondencia en los elementos socio–culturales de la gran mayoría y su representación en la estructura política.
Hoy vemos que el modelo nacido en la década de los 80 ha puesto al proceso modernizador en jaque, ya que lo tensa, debido fundamentalmente a que las personas constatan que no da respuestas a sus inquietudes y ven en él inequidades y que sus aspiraciones que el mismo modelo sembró no pueden ser cubiertas, independiente del origen autoritario de este.
En síntesis, este modelo mantiene y acentúa estructuralmente las desigualdades sociales, con una desigual distribución del ingreso, que hace a unos más ricos y otros más pobres, o quienes salen de la pobreza no tienen acceso a las categorías propias del desarrollo. Es un modelo que reproduce en forma indefinida el carácter marginal de los mecanismos dinamizadores del desarrollo económico.
Por otra parte el actual sistema político de carácter presidencialista provoca una creciente apatía por participar en los procesos cívicos, y proyecta una desconfianza en la democracia política, lo que legitima el nacimiento de propuestas neo autoritarias y de líderes “salvadores”. (Ver estudio del laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, Julio 2019)
Finalmente la desaparición de la ciudadanía de las actividades cívicas lleva, por un lado, a la oligarquización de los partidos políticos y de la política en general, lo que dificulta la renovación y circulación de cuadros dirigentes, la renovación y circulación es solo es posible a través de una competencia no controlada por los intereses y fidelidades personales.
Lo anteriormente expresado lleva necesariamente a pensar un nuevo pacto social expresado en una nueva constitución, que si bien es cierto para muchos es algo propio del mundo político, afecta directamente la vida de las personas.
Este pacto social debe dar cuenta de al menos tres elementos básicos.
- Debe garantizar la libertad individual, rechazar toda transgresión a la libertad de conciencia, de iniciativa en el ámbito social y cultural y en el ejercicio de los derechos civiles.
- El desarrollo debe ser inclusivo: debe integrar todas las capacidades de la sociedad.
- Reformular el Estado, debe haber un cambio en los objetivos, en su estructura, pautas y estilos ante la ciudadanía.
En conclusión un nuevo pacto social debe considerar no solo un cambio en la conducción superior del Estado sino que debe considerar un régimen semi presidencial que expanda el poder hacia la ciudadanía, instalando niveles de resolución en las comunidades, usando instrumentos como, por ejemplo, entrega de capacidades de resolución a organizaciones sociales mediante plebiscitos, locales, regionales o nacionales.
En definitiva, la modernización de raigambre autoritaria prolonga y origina situaciones y mecanismos anti modernos, que al final llevan a un término violento el futuro del propio proceso modernizador, ante esta situación es necesario que surja un nuevo pacto social de carácter modernizador progresista.
