Opinión

Comité pro Paz: la memoria con «m» minúscula

El Comité pro Paz de Chile, Copachi, fue la primera intervención por la defensa de los derechos humanos de víctimas y familiares de víctimas en los primeros tiempos de la dictadura militar, tras el golpe de Estado. Una iniciativa articulada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez y otros líderes religiosos.

Por Isabel Undurraga[1].- Nadie imaginaba, aquel 6 de octubre de 1973, cómo organizar el trabajo encargado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez al recién creado Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi). Había sido creado como “una comisión especial para atender a los chilenos con asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual”. El horizonte para su existencia fue de tres meses, con una asignación temporal por ese período al jesuita Fernando Salas como secretario ejecutivo.

Con dos pequeñas oficinas en el edificio del Arzobispado de Santiago en la calle Erasmo Escala, y dos o tres personas como grupo inicial, el Comité empezó a recibir a muchos trabajadores despedidos de la administración pública y empresas privadas, ya que se había publicado en la prensa que se ofrecía asistencia legal.

Al poco tiempo empezaron a llegar consultas por detenidos. Dado el creciente volumen de personas que acudían todos los días, muy pronto se detectaron dos necesidades inmediatas: la primera, elaborar una ficha para cada caso, de modo de registrar las denuncias; y la segunda, contar con un espacio más amplio para contratar más personal y contener el aumento del público y los trabajadores que el Comité requeriría para ello. Así nació Santa Mónica 2338.

La casona tenía un aspecto imponente, con un muro exterior de piedra. Aún está ubicada en esa pequeña calle, entre Av. Ricardo Cumming y General Bulnes, en pleno centro de Santiago.[2] Fue arrendada al Comité por sus propietarios, el Movimiento Familiar Cristiano, que solo pusieron como condición que se dejara una habitación destinada al Movimiento. El traslado no estuvo exento de temores, ya que el trabajo en las oficinas del Arzobispado proporcionaba una sensación de protección mayor que esta casa.

Muy rápidamente el trabajo se organizó con asistentes sociales que recibían a los denunciantes y procuradores que redactaban los escritos, más algunos abogados externos. En esa época aun no existían computadores personales, por lo cual el ruido de las máquinas de escribir de los procuradores era incesante detrás de los biombos que se habían colocado en el salón del primer piso.

Con la excepción de dicho pequeño grupo inicial convocado a esta misión, nuestros recuerdos conducen a que muchos ingresamos a trabajar allí de forma accidental[3], conocíamos a alguien de la universidad, o de un partido político, o relacionado con alguna de las iglesias que conformaron el Comité en su origen. Nunca he olvidado la intuición que me llevó a presentarme allí donde se escribía la historia.

El Comité pro Paz fue el lugar adonde la gente podía llegar. Eran acogidos por asistentes sociales, y pronto quedó claro que el área jurídica era el eje principal del servicio que se prestaba, pero requería de una estructura en torno a él para recibir, contener, encauzar, registrar ,procesar y divulgar lo que ocurría. Además de financiar todo aquello y generar una estructura administrativa básica.

En todo el período inicial el liderazgo de las comunicaciones estuvo radicado en la Iglesia Católica, ya que varios de los pastores de otras confesiones que estaban en el directorio ecuménico trabajaron en el CONAR, Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados Extranjeros, creado en la misma fecha. Se enviaron avisos a todas las parroquias junto con unas fichas donde reportar casos y se sugería indicar a la gente cómo llegar a la sede del Comité.

Con el tiempo algunos integrantes del directorio tuvieron problemas con sus feligreses, los que tenían temores o desconfianzas por esta labor, siendo el caso más divulgado el del copresidente del Comité Obispo Luterano Helmut Frenz, que debió afrontar una división interna antes de ser impedido de regresar a Chile en octubre de 1975.

Para quienes trabajamos allí esto ocurría en altas esferas de poder, pero nuestro esfuerzo debía continuar. Nuestro trabajo era con alta presión, por lo cual observábamos lo que ocurría en medio del tráfago cotidiano. En ocasiones, y con una alta vocación pedagógica, el abogado José Zalaquett nos reunía para hacer análisis jurídico- político y permitirnos mejorar la comprensión de todas las fuerzas que estaban en juego.

Como ex trabajadores del Comité Pro Paz muchas veces hemos conversado si fuimos ingenuos, nos sentíamos protegidos por la institucionalidad y no teníamos una clara percepción de los riesgos que corríamos. Los equipos tenían una gran cantidad de personas con menos de 30 años. El ambiente laboral era de extremo compromiso con la misión y con la sensación de vivir el día a día en un país ajeno. Lo más representativo de esa emoción se produjo cuando se acuñó en la prensa el concepto de “presunto desaparecido”, que tardó años en perder a nivel público el calificativo de presunto.

Las denuncias variaron rápidamente a otras formas de represión, detenciones masivas en poblaciones,  personas detenidas que no aparecían registradas en ningún centro de detención, estudiantes universitarios expulsados. Fue necesario generar una estructura que permitiera atender con mayor especialización y como una necesidad fundamental, organizar la información de modo que los antecedentes sirvieran de respaldo para hacer informes y diagnósticos de lo que ocurría.

A fines de 1973, el Comité estuvo en condiciones de elaborar un documento destinado a los obispos y otros dignatarios, con datos recopilados después del 11 de septiembre y se hizo evidente la necesidad de crear un sistema de documentación que permitiera acceder con rapidez a los datos ingresados y relacionarlos entre sí.

En enero de 1974 se creó el Departamento de Informaciones, con un sistema de registro de casos en tarjetas y una forma muy manual de selección por temas que permitía rescatar más rápido los datos ingresados. Este Departamento quedó a cargo de una religiosa, la “Ma” [4].

Al inicio había una fuerte tendencia a colocar sacerdotes o religiosas a cargo de las distintas áreas de trabajo, sobre todo en los temas considerados más críticos como la elaboración de informes confidenciales. Ello evidenciaba la necesidad de proteger la información y también una cierta desconfianza inicial de las autoridades religiosas hacia los trabajadores que no eran católicos ni vinculados a organizaciones eclesiales, lo que sin embargo no se manifestaba en el trabajo cotidiano y no perjudicaba la intensa convicción de estar en un lugar privilegiado de la historia.

La pertenencia a este grupo que estaba dispuesto a entregar sus mejores esfuerzos y a correr riesgos no muy mensurables todavía marcó un sello indeleble entre quienes estuvieron allí, sin diferencias por confesiones o militancias.

A mediados del año 1974 el Comité pro Paz ya tenía diversos Departamentos o áreas de trabajo: Jurídico, Zonas, Reubicación[5],Documentación e Información, Salud, Universitario, Campesino, COMSODE[6], Apoyo (administración y finanzas)[7] , todo surgido a medida que las necesidades lo requerían.[8]

El área de Reubicación estaba dirigida por una religiosa, la “Mo” [9], y puso a salvo un gran número de perseguidos. En forma variable el Comité tuvo aproximadamente 180 trabajadores, incluidos aquellos del área Zonas en regiones y el grupo de atenciones de Salud, incluyendo en esa cifra a la señora Carmen, la que con unos almuerzos caseros daba un espacio de  respiro a cada día.

Aunque es mencionado en todo lo que se escribe sobre el COPACHI, no es posible omitir el caso Zamora por la importancia que tuvo. Este era un dirigente socialista que fue llevado en horas de la tarde por la DINA a reconocer a un trabajador del Comité el 15 de mayo de 1974 y en un momento dado huyó por las escaleras de COMSODE hacia el segundo piso. Los agentes sacaron sus armas y lo atraparon en las escaleras, lo que motivó la inmediata reacción de la Hna. y abogada Blanca Rengifo, [10] la que cerró las puertas y los rechazó señalando que “era la casa del Cardenal”, lo que los desconcertó y obligó a retroceder. Con rapidez la calle se llenó de agentes y se cerraron todas las puertas. [11]

Avisado el Cardenal, éste pactó con el gobierno que los trabajadores saldrían en grupos, lo que hicieron en sucesivos vehículos acompañados de algún sacerdote o pastor, y que enviarían a un médico del ejército para comprobar las huellas de tortura que el Cardenal manifestó que tenía Jaime Zamora. Esa tarde se quedaron en las oficinas el obispo Enrique Alvear, el sacerdote Juan Zerón, el pastor Wolfgang Werner y el abogado José Zalaquett. El Cardenal se había negado a entregar a Zamora, el que fue trasladado en un vehículo junto con algunos trabajadores y enviado a un centro médico de su confianza.

Los visitantes llegaron aproximadamente a las 24 horas [12], con el rol de “delegados de Pinochet”. Eran los coroneles René Vidal Basauri y Manuel Contreras Sepúlveda y un médico que no fue identificado. Monseñor Alvear fue el encargado de darles la noticia de que el detenido no se encontraba en el lugar. Jaime Zamora salió del país posteriormente, con miles de ojos vigilando que no le ocurriera nada hasta que el avión despegó, lo que sin duda lo salvó de ser un detenido desaparecido más.

Y al día siguiente el Comité pro Paz continuó funcionando. El clima amenazante y la abierta vigilancia de los agentes no impidió que los trabajadores del Comité continuaran en sus tareas. La confianza en el manto protector del Cardenal Silva se mantenía incólume y eso lograba mantener la moral de trabajo en alto. Como algunos ex trabajadores dirían años más tarde, “tal vez creíamos que el techo era más sólido de lo que era realmente”. El alcance del rol del entonces Coronel Contreras aún era secreto para quienes trabajaban en derechos humanos.

Otro hito de enorme relevancia ocurrió en julio de 1975. El 21 de mayo de 1975 se había solicitado un ministro en visita por 163 prisioneros que estaban desaparecidos desde su detención, que fue firmado por el obispo católico Fernando Ariztía y el obispo luterano Helmut Frenz.

A mediados de Julio de ese año se publicó en Buenos Aires un listado de 60 personas que figuraban en dicha solicitud , señalando que se habían matado entre ellos. Unos días después se publicó en un diario de Brasil [13]  otro listado con 59 personas que también estaban en ella. La publicación de 119 detenidos desaparecidos en los diarios con una falsa noticia que los mostraba “matándose entre ellos” fue el golpe final a los familiares que aún esperaban que aparecieran con vida. Los nombres estaban en dichas publicaciones en el mismo orden en que aparecían en la solicitud de ministro en visita por ellos y fue la demostración absoluta y definitiva de que estaban muertos.

Los familiares de los 119 concurrieron ese día a Santa Mónica 2338 en un estado de intensa angustia. A raíz de la divulgación de esa noticia muchos querían salir a la calle a hacer alguna acción impulsiva y desesperada.

En ese momento crítico el Comité cerró la atención de público y nos instruyó a todos, cualquiera fuera nuestra función, a asumir el acompañamiento de un familiar, dar apoyo, consuelo, contención, lo que fuera posible en ese momento de desesperanza. Se nos dijo “no debe quedar solo en ningún momento”. Nos reunimos familiares y trabajadores en el salón del primer piso, con el entonces Secretario Ejecutivo del Comité Pbro. Cristián Precht, quien logró con gran esfuerzo encauzar ese estado emocional en una liturgia respetuosa de todos, creyentes y no creyentes. En la memoria de los trabajadores del Comité fue el día más aciago y oscuro de los dos años de su existencia.

El 30 de septiembre de 1975 el Obispo Carlos Camus se reunió con corresponsales extranjeros, con los que acordó conversar off the record. Sin embargo, el periodista Álvaro de Pineda de Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia, divulgó la conversación a medios nacionales. Algunas de las frases destacadas por la prensa que había dicho el Obispo eran: “Hay muchos funcionarios del Comité Pro Paz que son de ideas marxistas, porque es lo lógico. Al principio y cuando recién se inauguró nadie quería correr riesgos. Así que personas de otras tendencias ….. Al principio el que se metía ahí era ir a las patas de los caballos.”.[14]

El concepto de trabajadores marxistas era complejo para la jerarquía de la Iglesia, pero sin duda ésta tuvo la grandeza de aceptar que en aquello había valentía, un deseo genuino de proteger los derechos humanos y generó un equipo de trabajo en que estábamos todos y cuya dedicación y coraje trascendió las dificultades cotidianas. Vivimos como un gran honor colectivo estar incluidos en el grupo que se había atrevido a ir “a las patas de los caballos” y que ello hubiera sido reconocido aunque en forma involuntaria por un obispo católico, lo que no impidió por cierto la destemplada reacción del gobierno y los medios de comunicación de la época.

El Comité Pro Paz cumplió con su lugar en la historia, dejó un legado que sería recogido por la Vicaria de la Solidaridad tras su cierre en diciembre de 1975. Mostró al mundo lo que realmente ocurría en nuestro país y para quienes trabajamos allí dejó un mosaico de pequeñas y grandes experiencias, de aquellas que forman parte de esa red invisible que une personas y países, pero que no se encuentran en los libros de historia. Es la memoria con m minúscula, esa que hace fluir las grandes historias en sus trozos pequeños. Al fin, lo fundamental sin nombre ni apellido, sino la sumatoria de todas, la memoria de Chile.

Notas

[1] La autora llegó al Comité de Cooperación para la paz en Chile, COPACHI, en Noviembre de 1973 y trabajó allí hasta diciembre de 1975. Ingeniero civil industrial, ingresó a funciones de administración y finanzas, futuro Departamento de Apoyo dependiente del abogado José Zalaquett. Este artículo recuerda a través de su prisma la historia cotidiana y la progresiva estructuración del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, COPACHI.

[2] En agosto de 2023 se cambió el nombre a esta calle, reemplazándolo por Jaime Castillo Velasco, fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

[3]  Isabel Undurraga : “Vi  un aviso en la prensa en Noviembre de 1973  que decía “Asistencia judicial gratuita”  y ofrecía apoyo legal frente a despidos .El aviso indicaba  la dirección de Santa Mónica 2338 y me presenté allí porque sentí que quería estar  con quienes publicaban algo así en tiempos tan oscuros. Y me encontré al ingresar con el sacerdote Juan Zerón, a quien conocía como párroco y me quedé dos años”.

[4] Hna. Maria de los Angeles  Marimón r.s.c.j., “la Ma”. Allí trabajaron Eugenio Ahumada, Mario Thomas y Camilo Marks entre otros.

[5] Nombre eufemístico del grupo de trabajo destinado a generar opciones de asilo y a lograr su realización.

[6] COMSODE, Comisión de Solidaridad y Desarrollo, se encontraba ubicado en la calle Santa Mónica 2216 a metros del Comité Pro Paz  y orientaba sus esfuerzos al apoyo de pequeños emprendimientos de trabajadores  cesantes.

[7] En esta área trabajaron Carlos Reyes, Isabel Undurraga, Isabel Araos, Francisco Vial, Pablo Ortiz, entre otros.

[8] Un registro amplio de los nombres de esos trabajadores se encuentra en “Cincuenta años, recuerdos del Comité Pro Paz”, Jaime Esponda, La Nueva Mirada, 3 de agosto de 2023.

[9] Hna. María del Carmen Parente, “la Mo”.

[10] Blanca Rengifo Pérez nació en 1923 e ingresó a los 26 años a la Congregación del Amor Misericordioso, es decir, tenía 52 años a la fecha en que enfrentó con decisión a los agentes armados. Había estudiado derecho antes de ingresar a la congregación.

[11] Este suceso es de público conocimiento, la autora no lo presenció dado que ese día había trabajado media jornada por razones personales.

[12] Chile, la memoria prohibida, Tomo II, pagina 92.

[13] Revista LEA, Buenos Aires, Diario O  Dia , Curitiba, Brasil.

[14] El Mercurio , Editorial Domingo 12 de Octubre de 1975

Alvaro Medina

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