Por Miguel Mendoza Jorquera.- Llegó la hora de abandonar los eufemismos y mirar la crudeza de lo que se intenta legislar en nuestro país. Aunque a ciertos sectores tradicionales les incomode, la gravedad del escenario nos exige separar las convicciones íntimas de la violencia política y llamar a las cosas por su nombre.
La agenda que promueve el diputado Cristóbal Urruticoechea —estrechamente enquistado por lazos familiares e ideológicos en el corazón del clan Kaiser— cruzó hace mucho la frontera de la ética. Esta familia política y su séquito, que tanto se llenan la boca hablando de “libertad” y despotricando contra la intromisión del Estado, no tienen el más mínimo pudor en usar ese mismo aparato estatal para imponer su particular inquisición.
En Chile, el aborto no es un debate abierto a la imaginación moral de cada diputado; existe una ley de la República que lo despenaliza bajo tres causales sumamente específicas, dolorosas y extremas. Es una legislación que costó años de debate y que reconoce un mínimo de dignidad frente a situaciones límite. Sin embargo, lo que propone este sector conservador es un retroceso civilizatorio brutal, buscando desmantelar por la fuerza psicológica lo que ya es un derecho adquirido.
Su infame “proyecto de los latidos” no busca proteger la vida, sino castigar y quebrar. Se trata de una iniciativa que apela a la psicología más perversa. Obligar a una mujer que está atravesando uno de los momentos más oscuros, vulnerables y traumáticos de su existencia a escuchar el latido de un feto no obedece a ningún rigor médico ni preventivo: es un acto de coacción emocional fríamente calculado.
Es una tortura psicológica premeditada, diseñada de manera sádica para ahogar a la mujer en culpa, manipular su psique y forzarla a no realizarse el aborto legal. Es un proyecto con evidentes tintes psicopáticos que se disfraza de una falsa superioridad moral cristiana para ejercer violencia de Estado. Es, sin medias tintas, una maldad sin nombre.
En política, la herradura siempre se cierra: los extremos terminan siendo idénticos en su desprecio por la humanidad ajena, usando a los más vulnerables como simples ratones de laboratorio para sus agendas fanáticas.
Y es que no podemos mirar esta crueldad sin ver su reflejo exacto en la vereda de enfrente. Nos escandalizamos —y con justa razón— cuando desde el Frente Amplio (FA) se impulsan aberraciones equivalentes que atentan contra la niñez. Ellos justifican la transición de género y el uso de bloqueadores hormonales en infantes bajo la fría, utilitarista y macabra excusa de que “el tratamiento físico es mucho más efectivo en niños que cuando son mayores de edad”. Tratan a los menores como materia dispuesta para su ingeniería social progresista, anteponiendo una supuesta “eficiencia” clínica por sobre el desarrollo psicológico natural y la protección irrestricta que exige la infancia.
¿Por qué la indignación no es la misma frente a ambos frentes? Porque ambos extremos, a fin de cuentas, comparten la misma arrogancia enfermiza: creen poseer el derecho divino y moral de legislar sobre los cuerpos, las mentes y el sufrimiento ajeno.
Y aquí es donde radica el mayor de los insultos para la ciudadanía: nosotros financiamos este circo.
Mes a mes, los chilenos de a pie les pagamos millones de pesos a estos parlamentarios. Les financiamos sueldos estratosféricos, asesores, asignaciones y una vida de privilegios para que resuelvan las urgencias reales de un país que exige a gritos seguridad en las calles, control migratorio, estabilidad económica y un sistema de salud digno. Sin embargo, ellos deciden despilfarrar ese tiempo, esos recursos de todos los contribuyentes y esa tribuna para redactar proyectos sádicos que solo buscan generar titulares, polarizar aún más a la sociedad y ganarse la ovación de sus respectivas sectas radicales.
Ya es hora de exigir un mínimo de decencia y cortar el delirio. No les pagamos millones mensuales para que jueguen a ser inquisidores desde el conservadurismo, ni ingenieros sociales desde el progresismo, amparados en la comodidad del Congreso. Les pagamos para que trabajen por Chile, no para que conviertan sus propias perversiones, traumas y fanatismos en leyes de la República.
Miguel Mendoza Jorquera – MBA
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