Los antecedentes que iniciaron la indagatoria fueron presentados el 12 de febrero pasado. Con fecha 18 de febrero, el organismo contralor notificó a la municipalidad para que explicara los detalles de la autorización, cuestionada por haber sido entre una empresa que estaba bloqueada por el SII debido a no pago de IVA, y otra -que la adquirió- creada poco tiempo antes, sin capital demostrado, sin experiencia y sin los permisos sanitarios, pasando por encima de la Ley de Compras Públicas y de las Bases de Licitación del propio municipio para el servicio contratado.
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Los antecedentes dados a conocer por ElPensador.io, y entregados a la Contraloría, además, mostraban evidentes nexos entre la primera y la segunda empresa.
Cuando se notificó a la Municipalidad de Ñuñoa, se le dieron 10 días hábiles administrativos para que contestara, plazo que terminaban el 8 de marzo. Pero no hubo respuesta. Al contrario, el municipio pidió a la Contraloría una ampliación del plazo.
El organismo, ante esta petición, contestó tajante en un oficio enviado el pasado 15 de marzo: “La referida solicitud de prórroga fue presentada ante este Organismo Contralor cuando ya se había cumplido el plazo original, lo que ocurrió el 8 de marzo del año en curso”, y por ello, “no es posible acceder a la citada prórroga, conforme lo prescrito por el artículo 26 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, según el cual en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.
Por lo tanto, dice la Contraloría se ordena que la Municipalidad responda a la brevedad.
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