Por Silvio Caiozzi.- ¿Por qué las encuestas en nuestro país han mostrado, a lo largo de años, que la ciudadanía ha dejado de confiar en quienes tienen el poder, aunque la misma ciudadanía haya votado antes por ellos?
Los chilenos nos sorprendemos a diario con la noticia de alguna autoridad pública, cualquiera sea su tendencia política, que cae en el abuso de poder y la falta de ética en el ejercicio de su cargo. Del mismo modo, somos testigos de actos de abuso y corrupción de parte de empresas que se benefician creando monopolios o colusiones. Como resultado de todo este panorama, lo que queda en el ciudadano común es la sensación de un irritante abuso y falta de fiscalización.
A veces, por ir tras la ansiada justicia social, convertimos al Estado en todopoderoso y nos olvidamos de la libertad y dignidad del individuo. Otras veces, por respetar las libertades individuales, fomentamos una falta de regulaciones que termina produciendo inequidad. Así, en un extremo incentivamos la rabia y el resentimiento de grandes mayorías y, en el otro, desincentivamos la sana ambición de crear, de hacer y/o producir con calidad y eficiencia, que son las bases de todas las demás formas de progreso.
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¿Cómo hacer entonces? ¿Es posible un equilibrio? Pareciera que sí, pues hay países, como los nórdicos, que consiguieron convertirse en las naciones que ostentan los índices de bienestar y felicidad más altos del planeta. ¿Depende todo esto de un determinado sistema político o económico? Pareciera que no. De hecho, cuando uno revisa con atención estas naciones que han alcanzado niveles de equidad con pleno respeto a las libertades ciudadanas, no se perciben patrones uniformes que permitan escribir una receta. Al contrario, son naciones con sistemas y regímenes políticos muy diversos como democracias, monarquías, presidencialismos y parlamentarismos, así como también con regímenes económicos muy diferentes. Pero algo tienen todas estas naciones en común y es una base cultural que premia el esfuerzo, el logro y la creatividad. Valorizan la iniciativa privada, pero cuidan celosamente la igualdad de oportunidades. Y una cosa muy importante: es que todos reconocen el valor y el aporte de la participación y fiscalización ciudadana permanente de lo que hacen los agentes públicos y privados encargados de hacer funcionar la economía; es decir, el poder.
Para conseguirlo, dichas naciones suman a los tres clásicos poderes del Estado un cuarto que es el poder ciudadano presente de diferentes maneras según cada institucionalidad. Así, la mesa en la que todos se sientan diariamente a discutir los asuntos comunes queda firme pues tiene sus cuatro patas bien puestas.
¿Y qué pasa en Chile? ¿Se discute este tema? ¿Se avanza en algo? ¿Hay compromisos legales del Congreso o de algún gobierno en particular para crear algún sistema fiscalizador poderoso y eficiente?
En nuestro país siempre se ha hablado de la prensa y los medios de comunicación como si fuera un cuarto poder. Pues bien, ese supuesto cuarto poder de la prensa y los medios no es tal, ya que la ciudadanía percibe con toda claridad que en muchos casos la realidad le es presentada de manera cercenada, manipulada y por lo tanto tergiversada. Aún más, es sabido que muchos grupos de poder político y/o económico ostentan la propiedad de estos medios de comunicación, justamente para controlar de cerca sus actuaciones y estrategias, creando con esto una concentración de poder tal que el periodista queda subyugado a lo que se le ordena o instruye con muy poco margen de independencia real. Se trata, en resumen, de una suerte de “gatopardismo” al estilo de la clásica obra maestra de Luchino Visconti donde se nos muestra una antigua práctica de acomodos políticos, manipulación de masas y oportunismo según la cual se resuelven las crisis cambiando todo, pero siempre de manera que todo siga más o menos igual.
Ciertamente no es eso lo que queremos construir como parte de nuestro nuevo orden constitucional. Creemos que Chile merece algo mejor. El anhelo de un cuarto poder refiere a una institucionalidad hecha y derecha, robusta, con capacidad de incidir y resolver. Es decir, un cuarto poder de verdad.
Hay quienes dirán que nuestro país ya cuenta con un organismo fiscalizador que es la Contraloría General de la República. Pero, lamentablemente, se trata de un sistema que vela por la legalidad de las normas, aunque no tanto de las conductas y acciones de quienes se encargan de ejecutarlas, dejando espacio para colusiones entre poderes que deberían ser independientes y fiscalizadores unos de otros. Lamentables ejemplos de esto, por todos conocidos, nos ha brindado la clase política y dirigente de nuestro país en una larga lista de escándalos asociados a la evasión, el soborno y la apropiación indebida de recursos públicos y privados, llegando incluso a casos de colusión y malversación que comprometen a Ministerios, Municipalidades y consorcios empresariales de alto rango, por no referirnos además a la Iglesia Católica, a nuestra judicatura y a nuestras instituciones armadas.
Como resumen, podemos decir que el sistema actual no da respuestas a nuestras preguntas.
La respuesta entregada por los países nórdicos es el OMBUDSMAN. Del sueco “ombud” y “man”, que significan vocero y representante del hombre. Un concepto consagrado por la Constitución sueca ya en 1809, o sea un año antes de nuestra primera Junta de Gobierno independiente.
A dicha institución se le exige que tenga al menos tres características:
- La primera es que sea probadamente independiente de todos los partidos políticos y los grupos de poder económico o religioso.
- La segunda es que cuente con medios concretos para acusar, denunciar, incluso remover y sancionar en ciertas circunstancias y por determinadas conductas, sin consulta previa, a otros poderes públicos y privados.
- Una tercera característica es la rotación para evitar que esta investidura se convierta en un trabajo o una oportunidad de enriquecimiento.
Si nos fijamos bien, se trata de asegurar transparencia, eficiencia y representatividad, tanta como sea posible. En otros términos, hablamos de un poder que se basa en autoridad ética y técnica para evaluar acciones y situaciones que puedan comprometer los intereses comunitarios.
Concretando ideas, se podría pensar en un sistema de elección del defensor de la gente por votación ciudadana organizada y financiada de manera exclusiva por el Estado, sin intervención de grupos de poder externo que puedan interferir en el financiamiento de las campañas de los postulantes. Campañas cuyos contenidos deben ser definidos por cada candidato de manera libre y sin censura previa, luego de haber demostrado sus capacidades personales y profesionales para ejercer este tan importante cargo.
Asimismo, es necesario que los actos ejecutados por quien ostenta este cargo sean también fiscalizados por distintas instancias del aparato público según corresponda. Así, si se trata de una falta administrativa, este Ombudsman podrá ser fiscalizado por la Contraloría General de la República; o si se trata de que ha cometido una acción ilegal corresponderá revisarla a los tribunales ordinarios de justicia.
En resumen, la propuesta es consagrar y garantizar que nadie esté por sobre la ley, ni siquiera el Ombudsman. Los poderes de la nación deben ser completamente independientes y vigilantes unos de otros. Sólo así se consigue el tan ansiado balance de poderes.
Se hace necesario instituir un rol activo y útil para que los ciudadanos participen, se involucren y se motiven por la cosa pública, eso sí, de la mano de un proceso de culturización que fomente la toma de conciencia cívica y el valor de la vida en sociedad. Es urgente observar y custodiar los derechos de la ciudadanía frente al abuso de poder, como también inculcar ideas claras acerca de los deberes y obligaciones ciudadanas. Porque no se trata solamente de pedir, exigir y esperar que el Estado, los gobiernos o los juegos de azar provean lo que cada uno considera que merece obtener, sino de ser capaz de aportar responsablemente al bienestar personal tanto como al bien común.
Chile se funda a cada rato y debajo de cada piedra se esconde alguien que trae el remedio a todos nuestros males. La escoba que barre todo, la revolución en libertad, el socialismo a la chilena, la reconstrucción nacional o la alegría que ya viene. Slogans y más slogans. Vamos de nuevo desde cero. Sin continuidad. Sin método. Sin memoria. Sin respeto a lo que recibimos en herencia. Sin conciencia de lo que somos, de lo que tenemos y somos capaces de hacer. En pocas palabras, con muy poca cultura.
Si queremos tener una democracia sana y adecuada a la realidad del nuevo siglo, es clave reconocer que son los CIUDADANOS los que hacen posible la existencia del Estado y también de un Mercado que debe ser regulado. Son ellos los que contribuyen con sus recursos impositivos y con su voto a que el país en su conjunto funcione. Son ellos los que consumen, los que producen los bienes y servicios, los que saben mejor que nadie qué es lo urgente y qué es lo importante. Son ellos los que eligen y financian salarios y gastos de quienes ejercen el poder, para lo que se les entrega un mandato por el que deben responder como todo encargado de gerenciar cualquier cargo en el país.
En Chile, digámoslo derechamente, somos votantes, audiencia, clientes, rating, encuestados, afiliados, militantes y, sobre todo, contribuyentes, pero casi nunca ciudadanos. De hecho, la única mención verdaderamente relevante que hace nuestra actual Constitución a la ciudadanía se refiere a la facultad del ciudadano o ciudadana para votar, es decir para ayudar a promover este círculo vicioso basado en el furor electoral en el que se sustenta la relación de la política y los negocios.
Si logramos fiscalizar al poder, estaremos controlando a la expresión comunitaria de nosotros mismos, a la extensión natural de nuestra individualidad proyectada en instituciones que nos representan a todos. No estamos en veredas distintas y menos opuestas. El Estado, las empresas y los ciudadanos son parte de lo mismo. Somos un ciclo vital, social y económico que conforma la vida en común.
Si conseguimos instaurar la fiscalización ciudadana como un cuarto poder, estaremos logrando tener la ya comentada mesa con sus cuatros patas bien firmes para consolidar una estabilidad a futuro para el país. Se hace indispensable que la nueva Constitución considere como pilar fundamental que exista una cultura política y ciudadana que nos permita progresar hacia una democracia plena y de verdad y así, quizás, seremos capaces de lograr acercarnos a ese admirable estado de mayor bienestar y felicidad en el mundo.
Silvio Caiozzi García es director, guionista y productor de cine y televisión. Graduado en Columbia College de Chicago, USA, como Bachiller en Artes de la Comunicación. Su largometraje “Julio comienza en Julio” fue reconocido por el público como la mejor película chilena del siglo XX. El conjunto de su obra cinematográfica figura entre las más premiadas de Iberoamérica. Ha sido activo gestor gremial y fue el primer cineasta nacional elegido como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes.
