El CAE no nació como una deuda cualquiera. Nació como una política pública construida sobre una contradicción: financiar un derecho social mediante endeudamiento bancario. Ese fue el pecado original.
Por Miguel Mendoza Jorquera.- Hay frases que ordenan un debate, pero no explican un país. Con el Crédito con Aval del Estado (CAE) ocurre exactamente eso.
La frase oficial es conocida: las deudas se pagan.
Tiene sentido común. La Tesorería General de la República no es una institución decorativa ni una oficina de beneficencia. Su función es cobrar, recuperar recursos fiscales y hacer cumplir obligaciones pendientes. Ningún Estado serio puede actuar como si las deudas se evaporaran cuando se vuelven incómodas.
Pero una cosa es reconocer el mandato legal de Tesorería y otra muy distinta es convertir ese mandato en una explicación moral del problema. Ahí está el error.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; la ministra de Educación, María Paz Arzola; y el propio presidente José Antonio Kast han instalado una lectura dura: el CAE se volvió insostenible porque muchos deudores, pudiendo pagar, no pagaron.
Esa mirada puede servir para ordenar el discurso fiscal. Incluso puede conectar con una parte de la ciudadanía que se pregunta por qué el Estado debe seguir respondiendo por deudas impagas. Pero, como diagnóstico histórico, es incompleta.
El CAE no nació como una deuda cualquiera. Nació como una política pública construida sobre una contradicción: financiar un derecho social mediante endeudamiento bancario. Ese fue el pecado original.
El estudiante no compraba un lujo. Entraba a una universidad, a un instituto profesional o a un centro de formación técnica con la promesa de que estudiar era el camino para mejorar su vida. Y, cuando la familia no podía pagar, el sistema ofrecía una sola puerta real: firme aquí. Crédito, aval estatal, deuda en Unidad de Fomento (UF), años de pago y una cuota futura supuestamente razonable porque el mercado laboral, algún día, iba a responder.
Pero el mercado laboral no siempre respondió. Los sueldos no siempre crecieron. Las carreras no siempre dieron el retorno prometido. Y la estabilidad, cuando llegó, muchas veces llegó tarde o fue insuficiente.
Ahí aparece la parte que el discurso oficial omite: en muchos casos, las cuotas no fueron impagas por frescura. Fueron impagables. No impagables como consigna. Impagables como realidad cotidiana.
Para alguien que debe pagar arriendo, alimentación, transporte, medicamentos, hijos o cuentas básicas, una cuota elevada no es una abstracción financiera. Es una decisión brutal entre cumplir con una deuda o sostener una casa.
Por eso los embargos, aunque puedan estar dentro de la legalidad, abren una pregunta mayor: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando la cobranza golpea ingresos que sostienen la vida diaria de una familia?
La legalidad no siempre resuelve la proporcionalidad. Un embargo puede ser legal y, aun así, ser abusivo. Puede estar permitido y, aun así, ser políticamente torpe. Puede cumplir con una norma y, al mismo tiempo, romper el sentido mínimo de justicia si se aplica sin distinguir ingresos reales, cargas familiares, trayectoria laboral o capacidad efectiva de pago.
El Estado tiene derecho a cobrar. Pero no tiene derecho a olvidar. No puede olvidar que fue el propio Estado quien permitió que los bancos entraran a financiar educación superior con garantía pública. No puede olvidar que el riesgo del negocio nunca estuvo distribuido de manera justa. Si el estudiante pagaba, el banco ganaba. Si el estudiante no pagaba, el Estado respondía.
Eso no fue un accidente administrativo. Fue una arquitectura política y financiera.
En el CAE, la banca tenía al Estado detrás. Tenía garantía, respaldo y una salida institucionalmente diseñada. Por eso, frente a un deudor complejo, muchas veces era más fácil activar la garantía estatal que negociar de verdad una solución razonable. Era más cómodo traspasar el problema a la Tesorería General de la República que asumir el costo social de una deuda mal diseñada.
El banco podía hacer efectiva la garantía, recuperar una parte sustantiva del capital y dejar que el Estado se convirtiera en nuevo acreedor. Después venía la TGR, con todo el aparato fiscal, a perseguir al deudor.
Esa secuencia desnuda el modelo: primero se privatiza el negocio, luego se socializa el riesgo y, finalmente, se individualiza la culpa.
Por eso hablar de usura no es exagerado, siempre que se entienda bien. No se trata necesariamente de la usura ilegal del prestamista clandestino. Se trata de algo más sofisticado: una usura legal y con corbata.
Una usura envuelta en contratos, presentada como política pública, respaldada por el Estado y administrada por instituciones financieras que operaban con una ventaja evidente. La banca no fue espectadora del CAE. Fue parte del modelo. Prestó, cobró, redujo su riesgo y participó en un sistema donde la educación se convirtió en deuda.
La derecha habla con razón de responsabilidad fiscal. Chile necesita cuentas ordenadas. Pero la responsabilidad fiscal no puede transformarse en una excusa para olvidar la responsabilidad política del diseño.
La izquierda, por su parte, tampoco puede lavarse las manos. Durante años prometió condonaciones que nunca supo financiar de manera seria. Jugó con expectativas, postergó definiciones y confundió justicia social con voluntarismo presupuestario.
Pero que la izquierda haya sido irresponsable no vuelve justo el modelo original. Y que el Gobierno actual tenga razón en cobrar ciertos casos no significa que tenga razón en tratar todo el fenómeno como una falla moral de los deudores.
Hay personas con altos ingresos que deben pagar. Por supuesto. Nadie serio puede defender que alguien con capacidad económica use la crítica al CAE como excusa para eludir una obligación.
Pero convertir esos casos en el rostro de todo el problema es una operación política cómoda. Sirve para endurecer el discurso, justificar embargos e instalar la idea de que el Estado solo está corrigiendo abusos de quienes no quisieron cumplir.
La realidad es más incómoda. Hay miles de personas que no se enriquecieron con el CAE. No compraron una segunda vivienda. No especularon. No fugaron capitales. Solo estudiaron. Creyeron en una promesa repetida durante décadas: estudia, esfuérzate, titúlate y podrás salir adelante.
El problema es que, para muchos, esa promesa vino con letra chica: deuda en UF y cuotas que sobrevivieron al entusiasmo inicial.
Tesorería puede cobrar. Pero el país tiene derecho a preguntar qué está cobrando exactamente.
¿Una deuda individual? Sí.
Pero también está cobrando el fracaso de una política pública. Está cobrando la renuncia del Estado a financiar adecuadamente la educación superior. Está cobrando la comodidad de haber usado a la banca como intermediaria. Está cobrando la ilusión de que el mercado resolvería lo que, en realidad, era un problema de derechos, movilidad social y estructura productiva.
Chile necesita una solución más seria que el perdonazo total y más humana que el garrote administrativo. Debe distinguir entre quienes pueden pagar y quienes no. Debe revisar intereses, recargos, convenios, proporcionalidad y capacidad real de pago.
Cobrar no puede significar aplastar.
El CAE no fue simplemente un crédito. Fue la prueba de que en Chile se puede convertir una aspiración legítima en deuda, una política pública en negocio y una promesa de futuro en castigo financiero.
Eso tiene un nombre: usura legal y con corbata.
Miguel Mendoza Jorquera – MBA
