Por Mauricio Vargas Peralta.- Los decomisos de plantas de marihuana realizados en los últimos 30 días por Carabineros y la PDI, en el marco del Plan Cannabis Sativa 2023-2024, suman 101.341 plantas incautadas. Esto, considerando sólo aquellos operativos que afectaron cultivos con más de 500 plantas -los que podemos considerar industriales-. Estos hallazgos se han realizado en las siguientes localidades del país:
Si bien hay diferentes factores que inciden en la cantidad de materia vegetal usable con fines psicotrópicos que una planta puede entregar, es posible estimar de manera conservadora que el cultivo en exterior podría generar 200 gramos (g) de cogollos (parte que concentran el THC de la planta) por mata. Es decir que las plantas incautadas durante el último mes equivalen a 20.268.200 g comercializables entre usuarios de cannabis.
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Dependiendo del momento del año y la localidad en que se compra, el usuario final suele pagar en Chile entre 4 mil y 15 mil pesos por un gramo de cogollo. Si usamos un precio de 5 mil pesos, las plantas incautadas en un mes pudieron traducirse en un total 101.341 millones de pesos. Si el comercio de cannabis estuviera regulado en un mercado formal, las ventas señaladas podrían haberse traducido en una recaudación de IVA (19%) que alcanzaría los 19.254.790.000 pesos.
Para dimensionar el monto señalado, podemos indicar que la cantidad investigada en el caso del déficit durante la gestión de Cathy Barriga en el municipio de Maipú (cercano a los 31 mil millones), no alcanza a duplicar los impuestos no recaudados. Por otro lado, la pérdida teórica de tributos suma más de 49 veces el monto involucrado en el caso de Democracia Viva (391 millones de pesos).
Para estimar el daño causado al erario público por la ausencia de un mercado regulado, junto a la pérdida de recaudación estimada anteriormente, se debería sumar la recaudación potencial asociada a la producción que no es incautada por los operativos policiales y llega sin tributar hasta las y los usuarios finales.
Podría parecer superfluo o panfletario enfocarnos en la merma tributaria derivada de la prohibición que pesa sobre el mercado de las drogas y la marihuana en particular, especialmente frente a la crisis de seguridad derivada del narcotráfico que estamos viviendo en el país; y de alguna manera lo es.
Más aún cuando observamos que las condiciones que generan la violencia desatada en el desarrollo de esta industria, que carece de las garantías que entrega el Estado a otras actividades productivas y sus consumidores, atentan directamente contra uno de los principios constitucionales que fundamentan la convivencia democrática y dan sentido al Estado mismo.
El Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile señala que: “[…] El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Resulta evidente que la actual política de drogas no contribuye a crear condiciones sociales para que personas usuarias de cannabis (y otras sustancias ilegalizadas), puedan ejercer de manera segura su derecho a la búsqueda de su realización personal y espiritual en la forma que estimen; ya que la ausencia de un mercado formal les expone, entre otras situaciones, a ser víctimas de delitos y arbitrariedades de los proveedores -traducidas en: desinformación de efectos y riesgos, falta de certificación de calidad y denegación de derechos del consumidor-.
De acuerdo al Primer Estudio de Percepción Ciudadana sobre una Nueva Regulación para el Cannabis en Chile, realizado en 2020 por Fundación Eutopía, algo más de 4 millones de adultos (personas mayores de 18 años) declaran ser usuarios de cannabis en Chile; la mayoría (70%) consume menos de 6 veces en el año y un 16% señala hacerlo a diario o casi diariamente. Además, el estudio señala que un 83% dice conocer o tener una persona cercana que consume marihuana, lo que permite entender el alcance de los perjuicios causados por la política prohibicionista.
En resumen, el actual marco falla en la protección de las personas, falla en el cumplimiento del mandato constitucional de procurar las condiciones para el desarrollo personal y falla en la recaudación fiscal. Esta situación no puede continuar, por lo que necesitamos promover una conversación que cambie el actual sentido común, condicionado por las políticas que tras más de 50 años han mostrado ser un fracaso a nivel global.
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