Señor Director:
El debate sobre un eventual nombramiento de Rodolfo Carter, senador electo por La Araucanía, como futuro ministro de Seguridad Pública vuelve a poner sobre la mesa un problema grave: ¿qué pasa con los electores que lo convirtieron en primera mayoría en la región?
En democracia representativa el voto no es un “vale por un cargo” intercambiable. La ciudadanía no vota para que, semanas después, ese escaño termine en manos de un reemplazante designado por una directiva partidaria. Y peor aún: si la candidatura se construyó pidiendo confianza a una región específica, la señal de abandonar el cargo antes siquiera de asumir se siente como una defraudación.
La ley podrá permitirlo, pero la legitimidad no se agota en lo legal. Cuando un parlamentario electo decide irse al gabinete, el escaño pasa a ser un botín de negociación interna y no la expresión de la voluntad popular. Eso erosiona la confianza y alimenta el cinismo ciudadano.
Si se quiere gobernar con autoridad moral en seguridad, partamos por lo básico: respetar el voto. Lo mínimo es transparentar la decisión, asumir el costo político y abrir una discusión seria: las vacantes al Congreso deberían resolverse con mecanismos que devuelvan la palabra a la ciudadanía, no con “dedazos” entre cuatro paredes.
Atentamente,
Miguel Mendoza Jorquera, Tecnólogo Médico – MBA
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