Señor Director:
Es indudable que las economías modernas requieren una mayor inversión pública, tanto en la provisión de bienes públicos como en el estímulo a la actividad privada. En el marco de la discusión presupuestaria para el año 2026, se ha señalado que el gasto público proyectado tendría un sesgo anti-inversión, debido a la reducción de la partida de gasto de capital. Según la Dirección de Presupuestos (DIPRES), esta disminución alcanzaría los 2.500 millones de dólares, mientras que la participación del gasto corriente aumentaría proporcionalmente más dentro del gasto total.
Este sesgo parte del supuesto de que existe una jerarquía social clara en las inversiones públicas, y que estas se justificarían en todo momento. Sin embargo, la literatura especializada advierte que la sobreinversión pública puede generar efectos adversos sobre el crecimiento económico: menor productividad marginal, deterioro fiscal, presión sobre las tasas de interés y distorsiones sectoriales.
Por tanto, resulta crucial identificar con precisión qué partidas del gasto de capital se verán afectadas y si existe efectivamente una jerarquización social que las respalde. En paralelo, el foco debe orientarse al crecimiento del gasto corriente, con énfasis en la transparencia, la eficiencia y la evaluación de impacto de los programas públicos.
Finalmente, es importante considerar que el Estado también enfrenta obstáculos derivados de la permisología, como lo ha evidenciado el caso de la reconstrucción en Valparaíso. Por ello, la discusión presupuestaria debería incorporar un mapa de procesos administrativos, que permita analizar los cuellos de botella y anticipar cómo se materializará el gasto público en áreas sensibles.
Francisco Castañeda
Economista y académico U.Central
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