Chile y la semilla de la desconfianza

La desconfianza institucional en Chile y la distancia entre autoridades y ciudadanía tensionan la gobernabilidad. El desafío del presidente Kast es ordenar su equipo y articular un proyecto que responda a las urgencias del país.

Por Carlos Cantero.- En términos relativos —en comparación con el contexto global—, Chile vive una gravísima crisis de representación y desconfianza institucional. Según la encuesta de confianza de la OCDE, recogida en un análisis de Pivotes de septiembre de 2026, la institucionalidad política está en el fondo de la tabla internacional de confianza pública. Esto es un escándalo en cualquier parte y debiera encender las alarmas, pero en el país se asume con normalidad.

Nadie se inmuta y nada se hace. Esto va más allá del gobierno de turno y viene desde hace ya un par de décadas. Los partidos políticos son la institución peor evaluada, con apenas un 11 % de confianza, seguidos por el Congreso Nacional (16 %) y los funcionarios de la administración pública (20 %). En la valoración del Gobierno se observa un desfonde: la confianza alcanza un 25,7 %, según los datos de la OCDE correspondientes a 2025.

En contraste, Bomberos obtuvo un 90 % de evaluación positiva por su respuesta a los incendios, según Claves Ipsos de febrero de 2026. Por su parte, las Fuerzas Armadas y las policías registran un 55 % y un 49 % de confianza, respectivamente, según la OCDE. ¡Una paradoja transversal para los políticos!

¿Cuál es el límite de ruptura, considerando el nivel de mediocridad en la política chilena? Desde el retorno a la democracia en los años noventa, la confianza ciudadana en las instituciones públicas ha sufrido un deterioro progresivo y sostenido. Se trata de una severa crisis de legitimidad institucional, enmarcada, es cierto, en un fenómeno global de desafección hacia la democracia y sus mecanismos tradicionales.

Esta brecha histórica refleja una distancia crítica entre la sociedad civil y sus autoridades. El estudio Brecha Pública UCEN–Qualiz, cuya medición de octubre fue publicada en noviembre de 2026, confirma que el 92,7 % de los encuestados cree que los partidos y las autoridades comprenden poco o nada los problemas de la mayoría de los chilenos. La incapacidad del sistema para procesar las demandas sociales ha consolidado una desconexión estructural que vulnera las bases de la convivencia democrática.

La gobernabilidad está en jaque por la falta de experiencia y sentido político. La atomización política dificulta los acuerdos transversales e impide destrabar reformas clave de modernización del Estado. El problema es que el foco no está en las urgencias ciudadanas, sino en lo transaccional, al servicio de grupos de poder con gran incidencia en las bancadas parlamentarias. Es de toda evidencia que hay mediocridad, desafección, banalidad y procrastinación en la política.

El país cuenta con sectores estratégicos de alto potencial global: el encadenamiento de la minería, la industria y los servicios; el litio; el hidrógeno verde; la pesca y la acuicultura; la industria forestal y de la madera; la agricultura y la fruticultura; y el turismo. Su aprovechamiento requiere estabilidad normativa, un nuevo pacto social, prospectiva y planificación estratégica compartida, que no se vislumbran por ninguna parte.

La crisis de seguridad pública es la principal preocupación ciudadana. El avance de la delincuencia y las nuevas formas de criminalidad sobrepasan la capacidad de respuesta del Estado. Un Congreso bloqueado, la falta de acuerdos políticos y las demandas sociales insatisfechas crean un clima de fragilidad e incertidumbre que cuestiona la gobernabilidad.

La gestión del presidente José Antonio Kast es deslucida: no muestra liderazgo ni una estrategia comunicacional. A pocos meses de asumir, evidencia una fuerte caída en las encuestas —del 57 % de aprobación en marzo al 26 % a fines de octubre, según Cadem— y un aumento de las controversias. No se observa un proyecto de excelencia, ni el llamado a la ética, ni siquiera una visión prospectiva. Su administración atraviesa un momento crítico.

Diversos analistas atribuyen esta caída a la escasa experiencia del equipo de gobierno, a su perfil tecnocrático y a un liderazgo distante y poco empático, incluso con su propio sector. El presidente ha defendido su postura argumentando que prioriza los hechos por sobre las palabras, minimizando las encuestas. Pero la crítica por la falta de sintonía con las urgencias ciudadanas se ha intensificado. La falta de orquestación sinfónica en el equipo de gobierno es de toda evidencia, en particular en la coordinación interministerial. En la gobernanza territorial, en las regiones, la cosa no está mejor.

La crisis deriva de la falta de articulación interna, la escasa convocatoria al no disponer de una épica aglutinante y la incapacidad de encontrar el tono de una vocería empática y confiable. Esto, sumado al alza del costo de vida y al desempleo, ha consolidado la percepción de una conducción errática, ineficaz e indolente.

Liderazgos afines al gobierno han pedido un ajuste urgente de gabinete que incorpore figuras con probada experiencia, empatía y vocerías de mayor potencia, capaces de resolver la tensión entre la gestión sectorial y la conducción estratégica del país.

Respecto de la conflictividad social, los estudios de opinión de octubre de 2026 muestran que la mayoría considera negativas las consecuencias del estallido social de 2019: un 64 %, según Panel Ciudadano UDD, y un 59 %, según Criteria. Asimismo, se rechaza la violencia: un 70 % cree que el Gobierno no debe ceder ante protestas violentas, según la UDD. Sin embargo, los especialistas advierten que la persistencia del desempleo, la inflación y la desconfianza institucional mantienen un descontento latente —combustible— que, frente a cualquier imponderable político —chispa—, puede generar una explosión social.

El desafío fundamental para evitar nuevos escenarios de conflictividad es articular la gobernabilidad, y el único que puede hacerlo es el presidente Kast, imponiendo orden en las ideas y coordinación política para actuar con pertinencia, recomponer la vinculación con la ciudadanía e impulsar un proyecto de desarrollo que aborde la crisis económica, la seguridad y el bienestar socioeconómico de la población.

Carlos Cantero Ojeda es Geógrafo, Máster y Doctor en Sociología. Académico y Consultor en adaptabilidad a la sociedad digital. Autor de una decena de libros en su especialidad. Columnista Internacional de la UPI. Fue Vicepresidente del Senado de Chile, dos veces Senador, dos veces Diputado y tres veces Alcalde.