Por Monona Valdés.- Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, entre 2020 y 2022 se registraron 5.934 casos graves de acoso escolar en Chile, donde 2.516 corresponden a la Región Metropolitana, siendo esta la región más afectada alcanzando casi el 50% de los casos.
Las cifras son impactantes y siguen preocupando a las autoridades: durante 2022 el 35% de las denuncias realizadas a la Superintendencia de Educación tienen relación con algún evento de violencia sufrido por los estudiantes.
En este contexto, se hace necesario destacar las acciones que deben procurar mantener los establecimientos educacionales, que si bien responden a lineamientos gubernamentales que en ocasiones se tornan solo como parte del cumplimiento de la política pública y no una verdadera herramienta o carta de navegación para mejorar la convivencia escolar en la comunidad educativa.
Ejemplo de aquello es la aplicación del plan de prevención de la violencia escolar, la oportuna socialización del manual de convivencia con toda la comunidad educativa junto con la descripción explicita de cada protocolo, donde se señalen las medidas disciplinares y pedagógicas que se deben tomar frente a los distintos eventos.
En síntesis, el problema radica en una suerte de ambivalencia por parte de la Superintendencia de Educación, que exige a los establecimientos educacionales hacer sus mayores esfuerzos por aplicar un “debido proceso” frente a hechos gravísimos que atentan contra el bienestar de la comunidad. Sin embargo, muchos de ellos responden a expulsiones o cancelaciones de matrículas justificadas y fundamentadas, las que finalmente son desconocidas bajo el amparo del derecho a la educación, obligando a retornar estudiantes sancionados. Con ello, nuevamente la responsabilidad se traspasa al establecimiento educacional, quien debe tomar medidas para prevenir que estos hechos vuelvan a suceder, reconstruir confianzas con la comunidad educativa y alcanzar un buen clima. En esta ida y vuelta de responsabilidades, la Superintendencia olvida al principal actor responsable de los hechos de violencia escolar, que son los apoderados/tutores de los y las estudiantes en quienes se debe focalizar el trabajo y la intervención de forma mancomunada y colaborativa.
El Plan de Reactivación Educativa que trabaja el Mineduc, incluye en su eje Convivencia y Salud Mental, la acción “A convivir se aprende”: programa que pretende favorecer la convivencia escolar junto con enfrentar y prevenir la violencia en los establecimientos educativos. Esperamos que esta medida sea una alternativa para que efectivamente disminuyan los índices de violencia escolar, que tanto nos preocupan hoy.
Monona Valdés Cortez es académica de la Facultad de Educación UCEN
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