Consecuencias de un caso de corrupción: petición de renuncia a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, suspensión de la militancia de diputada y ex presidenta de RD, Catalina Pérez, y querella del partido contra quienes resulten responsables.
Por Ernesto Yáñez Figueroa.- El escándalo político generado por las presuntas irregularidades en la asignación de 426 millones a la Fundación Democracia Viva -íntimamente ligada al Partido Revolución Democrática- provocó la intervención del Presidente de la República.
El Mandatario le pidió la renuncia a Tatiana Rojas Leiva a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, y nombró en su lugar al arquitecto Carlos Araya.
Los antecedentes indican que Rojas recibió, a comienzos de mayo, un correo de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del MINVU de Antofagasta, Carla Olivares, dando cuenta de posibles irregularidades respecto a la firma de convenios entre el ministerio y la Fundación Democracia Viva.
Sin embargo, recién el viernes 16 de Junio el ministro Carlos Montes se enteró del tema, o sea, Tatiana Rojas, como subsecretaria y jefa del servicio, desconoció lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, que regula las relaciones entre el Estado y los trabajadores púbicos que en su artículo 55 letra k señala que todo funcionario debe denunciar “los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo”.
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Otro hecho grave en este asunto es lo declarado por el senador Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, quien aseguró que Tatiana Rojas le había advertido, en su momento, al ministro, lo cual no era cierto.
Esto obligó a Latorre a cambiar el tono de sus declaraciones y en las últimas horas anunciar que luego de un consejo político nacional de RD, decidieron querellarse contra quienes resulten responsables.
Además, solicitarán al Tribunal Supremo del Partido congelar o suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez.
Después de conocidos los antecedentes de este escándalo con muchos visos de corrupción, no podemos dejar de pensar en las declaraciones sobre temas valóricos que hizo hace algunos meses el entonces ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, fundador de RD e integrante del Frente Amplio, cuando señaló:
“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.
Lo cual daba a entender que la nueva generación que asumía el poder tenía otros valores y otros principios con los cuales hacia posible superar, entre otros, el problema de la corrupción.
Sin embargo, la realidad mostró que la corrupción no es un asunto generacional. El profesor Robert Klitgaard orienta mediante su famosa fórmula las posibles causas de la corrupción:
C = M+D-A
C = corrupción, M = monopolio de las decisiones, D = discrecionalidad y A = rendición de cuentas (accountability).
Según esta fórmula, habrá más corrupción cuanto más concentrado esté el poder decisorio, más discrecionalidad tenga, y menores y más ineficientes sean los controles de dichas decisiones.
Es probable que en el caso que comentamos y en todos los casos de corrupción experimentados en nuestro país en los últimos años, haya mucho de los elementos considerados en la fórmula del profesor Klitgaard: concentración del poder decisorio, mayor discrecionalidad y deficientes controles.
Pero a pesar de lo simple de la formula, la solución para terminar con la corrupción no es fácil. Así lo demuestran las diferentes iniciativas implementadas a nivel nacional e internacional.
Pero lo destacable en el caso del MINVU de Antofagasta, es la decisión de los dirigentes gremiales de denunciar las irregularidades.
