Señor Director
Es evidente que la práctica en el congreso se ha modificado la naturaleza de la acusación constitucional, pasando de un proceso jurídico-político a uno donde priman casi únicamente factores políticos, llegando incluso a afectar garantías fundamentales que no tienen mecanismos de cautela.
Lo anterior, se demuestra en que, en los últimos 10 años, de 19 acusaciones, solo 2 personas fueron sancionadas. Esto último debería ser tratado en el nuevo proceso constitucional, pudiendo ser parte de las soluciones, limitar los supuestos de hecho que dan origen a este tipo de responsabilidad (hoy son tipos abiertos como “comprometer gravemente el honor”) y además, la posibilidad de revisar o impugnar la sanción ante otro órgano o instancia.
Lo anterior, no solo como un mecanismo de incentivo para que el Congreso resuelva según la propia constitución, sino además para dar eficacia a una serie de derechos fundamentales que se pueden vulnerar en este tipo de procesos como la garantía al debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Christopher Gotschlich
Abogado y académico UCENcongreso
Pese a los repetidos anuncios de Donald Trump sobre un fin inminente del conflicto con…
La educación enfrenta una transformación histórica marcada por la inteligencia artificial, la sociedad digital y…
Un diálogo necesario entre la frialdad del granito en las ciudades de España y las…
La novela de Antonio Ortuño incomoda porque revela una verdad difícil de admitir: la violencia…
Las recientes declaraciones de un militar argentino reabren una inquietante pregunta sobre el respeto a…
Postergar por un año la entrada en vigencia de la nueva normativa puede ser razonable…
