¿Nuestros edificios están preparados para el próximo terremoto?

Chile posee una de las ingenierías sísmicas más reconocidas del mundo. La mayoría de sus edificios modernos resistió el 27F y protegió la vida de sus habitantes. Pero los casos que fallaron revelaron una distancia inquietante entre el edificio calculado, el edificio construido y el edificio que, años después, volvió a ser vendido o arrendado.

Por Claudio Masson.- Frente a un nuevo gran terremoto, ¿nuestros edificios están realmente preparados? La respuesta más honesta no es un sí ni un no. Es una duda razonable.

Chile aprendió durante generaciones a construir para que las viviendas no se transformaran en tumbas. Esa conquista es real. El terremoto del Maule de 2010 alcanzó magnitud 8,8 y sometió a ciudades, carreteras, puentes y edificios a una prueba extraordinaria. La inmensa mayoría de las construcciones modernas permaneció en pie.

Esa diferencia es fundamental. Una estructura puede quedar dañada, incluso inhabitable, y aun así haber cumplido su primera obligación: conservar espacios de supervivencia y permitir la evacuación. La filosofía del diseño sísmico chileno no promete que un edificio salga indemne de un terremoto extremo. Promete, ante todo, que no colapse y mate a quienes viven dentro.

Pero el 27F mostró también que esa seguridad no estaba garantizada de la misma manera en todos los edificios.

Un catastro periodístico identificó al menos 24 edificios o condominios recientes de la Región Metropolitana con daños graves. Algunos fueron reparados. Otros permanecieron abandonados durante años. Don Tristán y Don Luis, en Maipú, sufrieron fallas estructurales tan severas que debieron ser demolidos. En Central Park colapsaron pilares del subterráneo y la torre quedó inclinada. En Sol Oriente se denunciaron hundimientos y fallas de muros. Dos torres del conjunto Hermanos Carrera quedaron sostenidas mediante estructuras metálicas mientras se evaluaba su demolición.

No se trataba de construcciones centenarias sorprendidas por una exigencia que nadie había previsto. Varias tenían apenas unos años.

La primera gran prueba del auge inmobiliario

El 27F fue la primera auditoría física verdaderamente extrema del parque habitacional en altura construido durante la expansión inmobiliaria de las décadas de 1990 y 2000.

En esos años, la ingeniería avanzó enormemente. Aparecieron mejores programas de cálculo, análisis tridimensionales, hormigones de mayor resistencia y profesionales altamente especializados. La capacidad técnica permitía levantar edificios más altos, complejos y eficientes.

Pero esa capacidad operaba dentro de un mercado que exigía aumentar la rentabilidad de cada terreno: más departamentos, más estacionamientos, plantas inferiores abiertas, unidades más pequeñas, plazos más breves y menos superficie destinada a elementos que no podían venderse.

Cada centímetro de muro, cada kilo de acero y cada día adicional de construcción comenzaron a ser considerados costos susceptibles de reducción.

La eficiencia estructural es legítima cuando permite utilizar racionalmente los materiales sin sacrificar desempeño. Se vuelve peligrosa cuando la precisión del cálculo se utiliza para acercar un edificio al mínimo admisible, eliminando las reservas que antes compensaban errores, incertidumbres o defectos de ejecución.

La investigación de la Universidad de Chile sobre edificios habitacionales dañados durante el 27F identificó precisamente algunos de esos factores: mayor altura, plantas libres, muros relativamente delgados, altas cargas axiales, discontinuidades verticales y confinamiento insuficiente en sectores críticos. Las fallas más graves tendieron a concentrarse en muros y elementos de los niveles inferiores, donde se transmitía el peso completo de la estructura.

La altura, por sí sola, no fue la causa. También fallaron edificios de cinco o seis pisos. Lo decisivo fue cómo se transmitían las cargas, cuánto margen se había conservado y si la estructura efectivamente construida correspondía a aquella que había sido calculada.

Cuando la obra no es el proyecto

Este es uno de los hallazgos más inquietantes del 27F.

Un cálculo estructural puede suponer que un muro será capaz de deformarse, disipar energía y conservar su resistencia durante un terremoto. Pero ese comportamiento depende de detalles concretos: barras, estribos, anclajes, ganchos, retornos de malla, empalmes y elementos de confinamiento correctamente ejecutados.

Cuando alguno de ellos se omite o se construye de una manera distinta de la especificada, la ductilidad supuesta por el cálculo puede desaparecer.

La diferencia entre el plano y la obra no es administrativa. Es la diferencia entre una barra que permanece confinada y otra que pandea; entre un muro que disipa energía y uno que se aplasta; entre una falla progresiva que entrega señales y una falla frágil que pierde súbitamente su capacidad.

En el edificio Regina Pacis, en Ñuñoa, el informe de revisión estructural constató que el extremo de un muro dañado había sido construido sin parte de las armaduras de confinamiento indicadas en los planos. En el Condominio El Parque, en San Miguel, se observaron pérdida de hormigón, pandeo y rotura de barras, pérdida de confinamiento, desniveles e inclinaciones.

La revisión independiente del proyecto puede detectar errores de cálculo. Pero no garantiza, por sí sola, que todas las armaduras hayan sido instaladas, que el hormigón alcance la resistencia especificada o que una modificación posterior no altere pilares, muros o trayectorias de carga.

Revisar el cálculo no es revisar lo construido.

El terremoto tampoco retiró armaduras, preparó mezclas deficientes ni eliminó elementos resistentes. El terremoto produjo la demanda. Las vulnerabilidades habían sido introducidas antes.

El Estado corrigió la norma, pero no toda la cadena

La respuesta normativa posterior demuestra que los daños no fueron considerados una consecuencia trivial de un terremoto excepcional.

Los decretos supremos N.º 60 y N.º 61 de 2011 endurecieron las exigencias aplicables al hormigón armado, los muros, la clasificación de suelos y la modelación sísmica. Se limitaron las compresiones axiales, se reforzaron las exigencias de confinamiento y elementos de borde, se incorporaron mayores controles sobre las armaduras y se exigieron modelos más realistas de desplazamiento, torsión y pérdida de rigidez.

Esas modificaciones corrigieron mecanismos que habían sido observados en edificios reales.

Pero una norma no puede entrar a una obra y comprobar que el estribo existe. Tampoco puede impedir que años después se elimine un pilar para liberar una planta ni garantizar que una reparación estructural haya sido ejecutada exactamente como fue diseñada.

La seguridad depende de una cadena completa: caracterización adecuada del suelo, diseño, revisión, construcción, inspección, ensayos, recepción, mantenimiento y control de las modificaciones posteriores.

En Chile esa cadena continúa fragmentada. El calculista responde por el proyecto; el constructor, por la ejecución; el revisor, por los antecedentes revisados; la inspección técnica, por determinadas verificaciones; y la Dirección de Obras Municipales, por el procedimiento administrativo correspondiente. Después de una falla, cada actor puede sostener que su parte estaba correcta y que el problema ocurrió en otro eslabón.

La familia, en cambio, recibe el edificio entero.

Edificios reparados y una historia que desaparece

Varios inmuebles gravemente dañados fueron posteriormente reparados y volvieron al mercado. Eso no significa que sus rehabilitaciones sean inseguras. Una reparación correctamente diagnosticada, calculada, ejecutada y ensayada puede restituir e incluso mejorar la capacidad resistente de una estructura.

El problema es otro: Chile no cuenta con un sistema público, permanente y fácilmente consultable que permita conocer la historia estructural completa de cada edificio rehabilitado.

Un nuevo comprador o arrendatario puede ignorar que en ese inmueble colapsaron pilares, que la torre quedó inclinada, que fue declarada inhabitable o que estuvo sometida a una intervención mayor. Puede desconocer quién diagnosticó el daño, qué materiales fueron ensayados, cómo se reconstruyeron los elementos resistentes y quién comprobó que la reparación ejecutada correspondía al proyecto aprobado.

Una nueva fachada no borra un pilar colapsado. Un cambio de nombre no elimina la historia estructural. Y una autorización de reapertura, por sí sola, no demuestra que todos los daños ocultos hayan sido detectados ni que el sistema completo haya recuperado la capacidad prevista.

La reparación puede haber sido impecable. Precisamente por eso debe poder demostrarse.

Todo edificio rehabilitado después de un daño estructural grave debería disponer de un expediente público permanente que incluyera el diagnóstico inicial, los levantamientos del edificio construido, los ensayos de materiales, el mecanismo de falla, los planos y memorias de reparación, la identidad de los responsables, los controles de calidad y la resolución que autorizó su reocupación. Ese antecedente debería acompañar obligatoriamente las compraventas y los arriendos.

No para estigmatizar el inmueble, sino para que las personas puedan decidir con información.

Entonces, ¿estamos preparados?

La mayoría de los edificios modernos chilenos probablemente responderá adecuadamente frente a un nuevo gran terremoto y protegerá la vida de sus habitantes. La experiencia histórica, el desempeño general del 27F y la capacidad profesional del país permiten sostener esa confianza.

Pero esa conclusión no puede extenderse automáticamente a cada edificio.

Existen construcciones levantadas antes de las correcciones normativas de 2011, edificios que pudieron llegar al mínimo de sus márgenes, obras en las que el detalle construido no coincidió con los planos y estructuras gravemente dañadas cuyo historial no es accesible para sus actuales habitantes.

La verdadera duda razonable no consiste en afirmar que nuestros edificios caerán. Consiste en reconocer que el país todavía no puede demostrar, pública e independientemente, la seguridad particular de todos aquellos casos en que existieron fallas graves, reparaciones mayores o modificaciones estructurales.

Chile sabe construir para sobrevivir a los terremotos. Lo ha demostrado una y otra vez.

La pregunta es si será capaz de impedir que la rentabilidad consuma los márgenes de seguridad, asegurar que el edificio construido sea el mismo que fue calculado y garantizar que nadie vuelva a habitar una estructura gravemente dañada sin conocer exactamente qué ocurrió, cómo fue reparada y quién responde por ella.

El próximo terremoto no debe convertirse en el ensayo final de una reparación cuya documentación nadie quiso mostrar.

Nuestra vivienda no debe matarnos. Tampoco debe obligarnos a dormir tranquilos únicamente porque desconocemos lo que existe bajo la pintura.

Reportaje elaborado a partir de la investigación “Nuestra vivienda no nos matará”, que reúne antecedentes técnicos, normativos, periodísticos y documentales sobre el desempeño de edificios durante el 27F y su posterior reparación y reincorporación al mercado.