
ElPensador.io.– Braulio Jatar, el periodista chileno-venezolano preso político por el régimen de Nicolás Maduro, reclamó que ni el gobierno de Michelle Bachelet ni el de Sebastián Piñera han exigido a las autoridades venezolanas el cumplimiento de las peticiones de liberación emanadas de las Naciones Unidas.
Esto, en contraste con la liberación de 59 presos políticos colombianos que estaban en la cárcel La Yaguara en Caracas, sobre quienes el gobierno de Bogotá pidió repetidas veces el cumplimiento del dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que apuntaba a su liberación. Los presos fueron trasladados hoy vía área a la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Para Jatar, que lleva casi tres años recluido, actualmente bajo arresto domiciliario, el gobierno chileno es deficitario en acciones concretas para su liberación, en contraste con el colombiano. “Bogotá exigió reiteradamente el cumplimiento de las peticiones de la ONU. La última vez fue en diciembre de 2018. En mi caso, Chile no ha pedido nunca eso, pese a que hay un dictamen del año 2017 que pide mi liberación”, explicó Jatar a ElPensador.io.
“En vez de actuar, el nuevo canciller (Ribera) pidió un nuevo informe en mi caso. Ellos tienen el dictamen de la ONU desde abril 2017 y nunca, nunca han exigido su cumplimiento”, afirmó.
El informe de la ONU relata que “la noche del viernes 2 de septiembre de 2016, los residentes de la localidad de Villa Rosa, ubicada en la isla de Margarita, realizaron una manifestación pacífica en contra del Presidente luego de un evento televisado donde se encontraba el Primer Mandatario. Los manifestantes utilizaron como medio de protesta el… “cacerolazo”, para expresar su descontento con el Gobierno nacional por la crisis de salud y alimentos que atraviesa el país”. El “crimen” que mantiene preso a Jatar fue la publicación de los videos sobre esa jornada.
Tras ello, fue secuestrado por la policía política y su retención fue ocultada y negada a su familia, hasta que fue trasladado a la cárcel, sin que pudiera ver siquiera a un abogado. Por eso, la ONU determinó que “la privación de libertad de Braulio Jatar es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Dicho dictamen, sin embargo, no ha motivado alguna acción del gobierno chileno.
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