Por Cristián Pérez Garay.- Este 5 de octubre se conmemoran 38 años del plebiscito nacional de Chile de 1988, y nunca está de más refrescar la memoria de quienes vivimos ese episodio y, sobre todo, entregar antecedentes históricos a los jóvenes de hoy.
Durante la presidencia estadounidense de Bill Clinton se ordenó la desclasificación masiva de archivos sobre la dictadura y el plebiscito de 1988, detonada por el arresto de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 y por una enorme presión global —y del Congreso de EE.UU.— para abandonar la postura “neutral” y aportar a la justicia internacional.
No abordaré el tema desde la disputa entre el “SÍ” y el “NO”, sino como una reconstrucción histórica de los hechos ocurridos entre los días 1 y 5 de octubre, de lo que estaba en juego y lo que ocurrió, a la luz de lo que luego confirmaron los documentos desclasificados. Ese último punto es especialmente importante: un informe de inteligencia no equivale automáticamente a una verdad absoluta, pero en este caso los datos han sido confirmados con solidez.
Mientras el 1 de octubre avanzaba con el cierre de la campaña por el SÍ (la del NO fue al día siguiente), el embajador de EE.UU. en Chile, Harry G. Barnes, envió un cable al Subsecretario de Estado norteamericano, Elliott Abrams, sobre información detallada obtenida de múltiples fuentes dentro del Ejército respecto de “la determinación de Pinochet de usar la violencia a la escala que sea necesaria para mantener el poder”.
Actuaba sobre información inicialmente proporcionada por el general Jorge Zincke a Mónica Jiménez, futura ministra de Educación, con quien el embajador mantenía una relación de confianza. En el mensaje, dentro de los tres puntos del plan de Pinochet, Barnes advierte que, dado que los asesores más cercanos del dictador ya se dan cuenta de que es probable que pierda, la tercera opción (C) es la que tiene más probabilidades de ser puesta en práctica.
Los dos puntos del texto se traducen así:
Para preparar el ambiente, la CNI tendría la tarea de proporcionar una “violencia adecuada” antes del 5 de octubre y el mismo día 5.
Puesto que sabemos que los asesores más cercanos de Pinochet ahora se dan cuenta de que probablemente perderá, creemos que la tercera opción es la que con mayor probabilidad será puesta en práctica, con una probable pérdida sustancial de vidas.
El National Democratic Institute (NDI), que envió una delegación internacional de observación electoral, registró que durante la jornada existían temores concretos de que la Junta pudiera utilizar una provocación como pretexto para cancelar el proceso. También documenta que el conteo oficial se detuvo durante varias horas mientras los conteos independientes indicaban una victoria del NO.
No menos inquietante es un informe —fechado el 18 de noviembre de 1988— que recoge información posterior al plebiscito. Se resume en los siguientes puntos:
Mónica Jiménez encabezaba la organización “Cruzada por la Participación Ciudadana”, que impulsaba a la población a votar de cara al histórico plebiscito. Esta iniciativa y la campaña “Mi voz, mi voto” tuvieron un rol ciudadano crucial, marcando hitos como la educación cívica no partidista, la inscripción electoral y la formación de apoderados de mesa en todo el país.
Pasando de la sorpresa que le causó a Jiménez la naturalidad de las declaraciones de Zincke, al conversar posteriormente con algunos dirigentes comprendió que, en realidad, el general le estaba advirtiendo que no saliera a las calles durante la noche del plebiscito. Luego alerta al presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, y enseguida al embajador Barnes. Gracias a ella, Barnes envía el primer mensaje confidencial a EE.UU. sobre los graves peligros que enfrentaba el plebiscito.
Informa que el general Zincke ha descrito un supuesto complot comunista para fomentar la violencia la noche del plebiscito, pero ha inferido que en realidad se trata de un complot de Pinochet, en el que se culparía a la izquierda chilena. “Las personas con las que habló Zincke”, informa Barnes a Washington, “están convencidas de que, por razones desconocidas, les estaba advirtiendo de lo que el Ejército —y no los comunistas— planeaba hacer para interrumpir el plebiscito”.
La gran tensión y preocupación en las dirigencias de la oposición —y en una parte importante de la población— entre los días 1 y 5 de octubre eran plenamente justificadas. La historia debería escribirse con sus derivadas y matices. El peso de los acontecimientos era volumétrico, y cada vez más las palabras de Patricio Aylwin, pronunciadas el 12 de marzo de 1990 en el Estadio Nacional, adquieren aún más sentido.
Como ha señalado el escritor Sergio Muñoz Riveros, la paradoja es que la misma institucionalidad de la dictadura sirvió como cauce pacífico para recuperar la libertad. La democracia es frágil y necesita siempre defensores.
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