ElPensador.io.- Una presentación ante la Contraloría General de la República realizó el diario ElPensador.io, tras la publicación de antecedentes que revelaban irregularidades en el traspaso de contrato de arbolado urbano en 2018, desde una empresa bloqueada por el Servicio de Impuestos Internos, hacia otra nueva que la compró.
El traspaso, a todas luces improcedente, no cumplía con lo señalado en la Ley de Compras, que establece que las adjudicaciones licitadas no son transferibles, y en este caso además incumplían con las Bases de la Licitación.
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De acuerdo a la presentación de ElPensador.io, el mismo tipo de cambio de contrato se había repetido en 2015 “traspasando el contrato de la empresa adjudicataria de la licitación de arbolado urbano llamada DPA S.A. a Gestión Activa SpA, que compró la primera estando bloqueada… Los traspasos de este tipo contravienen expresamente lo señalado en el inciso primero del artículo 14° de la Ley 19.886, así como dictámenes de la propia Contraloría General de la República (N° 026248N17 y N° 006813N17). Pero además atentaba contra las propias Bases de Licitación que establecían requerimientos específicos, entre otros, de carácter sanitario para la adjudicación del contrato, cuestión de la empresa compradora (al menos en el caso del traspaso de diciembre de 2018), claramente no cumplía”.
La Contraloría General de la República, no obstante, tiene solo facultades administrativas y no penales, de manera que si descubre antecedentes que impliquen delito -como se trasluce de la carpeta investigativa derivada de la querella del SII-, los pasaría al Consejo de Defensa del Estado.
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